La Comunidad más endeudada (Cataluña) representa el 28% del total de la deuda de las CC AA, y la suma de las tres primeras -Valencia y Madrid, además de Cataluña- representa el 55% del total de la misma. En el caso de Navarra, se puede observar ya un aumento significativo sobre la previsión de deuda acumulada en 2010: frente a los 1.489,8 millones previstos en los PGN10, la deuda real se sitúa en julio de 2010 en 1.545 millones, es decir un 3,7% superior a las previsiones. Si tomamos como referencia el ratio Deuda Pública /PIB, para un ratio medio a nivel de todo el Estado del 9,8%, en la Comunidad foral se sitúa con un 9%, por debajo de la media del Estado. No obstante, si analizamos en términos per cápita el peso que la Deuda Pública tiene, es decir, lo que tendría que asumir cada ciudadano para hacer frente a la devolución de la misma, las Comunidades con mayor endeudamiento per cápita son: Cataluña (3.931?), Baleares (3.458?), Valencia (3.193?) y Navarra (2.429?). Así pues, para un endeudamiento medio per capita en España de 2.200?, la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en cuarto lugar de endeudamiento per cápita en todo el Estado Español.
En este sentido, el Gobierno Central ha cedido ya más del 36% del gasto público a las autonomías y comparte prácticamente el 50% de las grandes figuras tributarias del sistema fiscal español (con excepción del Impuesto de Sociedades). En el caso del Régimen Foral, la autonomía fiscal es plena en las figuras representativas.
Pues bien, ante una composición de gasto estructural y consolidado de difícil recorte, se ha producido en los últimos ejercicios una caída dramática de los ingresos públicos que compromete la estabilidad financiera de gran parte de las Comunidades Autónomas, abocándolas a mostrar su situación financiera real, acreditar su solvencia y acudir a diferentes fórmulas de financiación extraordinaria a corto plazo para evitar tensiones de tesorería, entre las que destacamos la reciente emisión de bonos entre inversores particulares realizada por la Generalitat catalana, a la que acaba de seguir la Generalitat valenciana.
Esta dinámica tiene algunos riesgos que es necesario señalar: i) La saturación de los mercados minoristas de financiación cuando los cauces normales de financiación internacional o institucional han sido sobreexplotados o se encuentran parcialmente cerrados; ii) La consiguiente elevación del coste de las emisiones para alcanzar el éxito en su colocación, con lo que se agravan los costes del servicio de la Deuda Pública; y iii) El efecto desplazamiento que estas colocaciones generan sobre el sector privado, complicando la financiación de los sectores privados de la economía, domésticos y empresariales, necesarios para una salida estable a la crisis.
Queda en entredicho si, a medio plazo, la estructura y composición del gasto desarrollada por las CC AA en la fase excepcional de bonanza del ciclo económico en los últimos 14 años es compatible con unas bajas tasas de crecimiento en los próximo años. Este escenario puede abrir una lucha encarnizada por captar financiación por cualquier medio, que será necesario ordenar para evitar problemas adicionales en la estabilidad financiera de las CC AA. Parece pues imprescindible la coordinación de las políticas fiscales y financieras de las Comunidades Autónomas y el establecimiento de una autoridad fiscal independiente que garantice la estabilidad presupuestaria a través de una supervisión continúa, con evaluaciones, recomendaciones y, en su caso, sanciones y con competencias sobre el conjunto de las Administraciones Públicas.