
En el primer año de entrada de la Ley de Morosidad, las Administraciones Públicas siguen sin adaptarse a la misma y el periodo medio de pago a los autónomos se sigue situando en prácticamente cuatro meses, según se desprende de la encuesta trimestral realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA a trabajadores autónomos proveedores habituales del sector público.