Expansión, 8 de septiembre de 2007
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El apoyo encendido de Carmen Chacón al anteproyecto andaluz de Ley del Derecho a la Vivienda ha batido los récords de perversión populista de un gobierno. No es admisible que, por conseguir votos, se engañe a la gente promulgando leyes imposibles de cumplir.
Un dato que avala la inviabilidad económica de la propuesta es que la Junta de Andalucía sólo ha sido capaz de construir 2.200 viviendas de protección oficial en los cuatro últimos años. La mentira es más cruel si cabe, pues juega con las ilusiones de muchas familias que aspiran a tener vivienda propia y con el deseo de emanciparse de tantos jóvenes. No en vano en la última encuesta semestral del Eurobarómetro, tras el terrorismo y la inmigración, la vivienda ocupa la siguiente posición entre las inquietudes de los españoles.
Este anteproyecto es uno de los más antisociales de los que sorpresivamente están apareciendo. Conviene recordar que cada ‘gratis total’ o cada subvención lo costea alguien y, en términos relativos, los grandes paganos no son las personas más adineradas, sino los modestos contribuyentes de la clase media. La injusticia de esas actuaciones, supuestamente sociales, proviene de la gran arbitrariedad del establecimiento de la línea de corte que separa al que se beneficia del dinero de todos, del que no puede lucrarse. Unos pocos euros adicionales en la renta suponen pasar de ser un privilegiado, al que se le concede un piso de protección oficial a un coste inferior al de mercado, a convertirse en un desgraciado que paga el sobreprecio que los promotores establecen para resarcirse del déficit que generan los pisos protegidos.
Vender como ‘ley social’ el anteproyecto andaluz, de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo con la concesión de viviendas VPO, es una estafa que forzará la salida al mercado de viviendas muy baratas, a costa de mayores precios para las viviendas de otras personas de renta similar a las agraciadas. Además, la picaresca hará que los más espabilados se aprovechen y se anticipen a los que pudieran tener mayor necesidad y urgencia.
Otro efecto antisocial de este anteproyecto es el estímulo del fraude fiscal y de la irresponsabilidad social. Defraudar a Hacienda ocultando rentas tiene el incentivo de ser admitido en la privilegiada categoría de los ‘oficialmente pobres’, con lo que, aparte de disponer dinero negro libre de impuestos, se consiguen grandes prebendas. El segundo aspecto nocivo de tanto generoso subsidio es la incitación a una cierto pasotismo para esforzarse a ser económicamente autosuficiente, al sentirse con el bienestar garantizado por el Estado.
Lo lógico es alquilar
La necesidad que tienen muchos ciudadanos de un piso no debe resolverse forzando que todos los solicitantes sean propietarios. La solución razonable para los que de verdad no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios, y que verdaderamente la necesitan, es que se les ayude para que puedan alquilarla a un precio ajustado a su renta.
Los múltiples intervencionismos gubernativos mediante leyes que pretendían reducir el precio medio de la vivienda siempre han fracasado y, lo que es peor, han agredido la libertad que requiere el dinamismo emprendedor. Así, la firma Deloitte calificaba de ‘abaratamiento brutal’ a las expropiaciones que propone la nueva ley del suelo. La realidad es que aunque se expropie barato los propietarios consiguen siempre en los tribunales que la Administración les abone el precio de mercado del solar expropiado.
La solución de la vivienda debe venir de la liberalización del suelo urbanizable. Es inadmisible que la imputación del coste del solar en vivienda supere muchas veces el 50% de su precio. No se entiende que un país con tan poca superficie construida como España disponga de tan poco suelo urbanizable. La razón de la escasez de la oferta de suelo es bien conocida: la mayor parte de los ingresos municipales tienen que ver con el precio del suelo. Mientras los ayuntamientos sigan con la corruptela de financiar su gasto corriente mediante la venta de suelo el precio de la vivienda será elevado. Ahí es donde la ministra debería actuar con contundencia.
Somos muchos los que pensamos que, aparte de la liberalización del suelo urbanizable, el mejor modo de que baje el precio de las viviendas es que el Estado deje de distorsionar la libre competencia con sus promociones de VPOs. Esta medida resolvería a medio plazo el problema de la vivienda. Otra actuación conveniente sería una protección más enérgica de los derechos de los arrendadores. ¡Qué pena que el electoralismo cortoplacista esté reñido con la eficiencia en largo plazo!
Institución Futuro
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