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La noticia de que en los últimos años las aguas de la Justicia andan revueltas no debería sorprenderle a nadie. La imagen de politización de la misma, derivada de hechos como la no renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, las controversias habidas con ocasión de la renovación del Tribunal Constitucional, las descalificaciones al poder judicial por la forma de interpretar y aplicar la ley denominada del “sólo sí es sí”, los indultos a los condenados por el procés, la posterior derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, son buena muestra de cómo los otros poderes del Estado interfieren en el judicial.

La separación de poderes es la regla esencial de una democracia. No hay democracia sin Estado de Derecho, y éste precisa de un poder judicial independiente. La Justicia es, o debiera ser, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y moderna. Una Justicia eficaz y eficiente, fundamental para garantizar el cumplimiento de los contratos y los acuerdos comerciales y para proteger, entre otros, los derechos de propiedad intelectual. Por eso está resultando nefasto el coste que el revuelo judicial está causando en la economía española.

La salida de la constructora Ferrovial de nuestro país, argumentada por la mayor estabilidad del nuevo país de destino, Países Bajos, y por unos menores costes de financiación, ha supuesto la punta de lanza. En el proceso, la imagen que se ha proyectado de España en el exterior ha sido lamentable, pero achacable sobre todo a la reacción del Gobierno central a la salida de la citada compañía. Amenazas de todo tipo como el no dejarle participar en los concursos públicos, el no aceptarle la reducción de personal, posibles investigaciones fiscales o descalificaciones personales a su fundador no pueden ser la respuesta a una decisión empresarial libre y totalmente legal.

Las inversiones extranjeras, las empresas que buscan lugares para establecerse… huyen del alboroto y el desorden. Y buscan como el aire que respiran una fiscalidad atractiva, una estabilidad política e institucional a largo plazo y una seguridad jurídica que ahora mismo está en entredicho. Si no hay garantías de que los derechos serán respetados, ¿cómo podemos esperar que las empresas se planteen invertir y crear empleo?

La politización de la Justicia también puede llevar a una percepción generalizada de que el Estado de Derecho no se respeta. Si los ciudadanos no confían en la Justicia, es menos probable que respeten las leyes y las normas. Esto puede llevar a un aumento de la corrupción y el incumplimiento de contratos lo que, oh sorpresa, dificulta el desarrollo económico y empresarial.

Como explicaba Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General de Poder Judicial, en un reciente encuentro con miembros de Institución Futuro, para que exista seguridad jurídica se necesitan tres factores: un buen ordenamiento jurídico, que actúe coordinadamente; una buena organización judicial, eficiente e independiente, y una sociedad civil fuerte que esté alerta y sirva de contrapeso a los poderes institucionalizados. La pertenencia a la Unión Europea, con las exigencias que ello conlleva, de actuar coordinadamente con los otros Estados miembros, supone un factor añadido de seguridad y estabilidad.

Ojo con salirnos de esta senda, a la que obviamente tampoco ayuda la lentitud de nuestro actual sistema judicial. Por poner un ejemplo, como indica Juan S Mora en su libro La factura de la injusticia, las empresas que forman parte del IBEX-35 provisionan al año 12.000 millones de euros para hacer frente a causas judiciales. Cifra equivalente a las inversiones del Estado en infraestructuras en 2021.

La Justicia y el buen funcionamiento de la misma tendría que interesar a toda la sociedad, a los ciudadanos. Ésta garantiza sus derechos y libertades, y también a su prosperidad. Como defendía el premio Novel Douglass North, el buen o mal funcionamiento de las instituciones de ejecución, como el sistema judicial, explica en el largo plazo que unas economías se desarrollen y otras no. ¿Tan extraño sería, por tanto, que la sociedad exigiera un gran pacto de Estado que sitúe a la justicia en el lugar que le corresponde? No parece un reto fácil, pero habrá que intentarlo.

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