Expansión, 2 de abril de 2005
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El Gobierno puede hacer inviable económicamente al país si, para satisfacer las reivindicaciones de sus socios nacionalistas, fragmenta España en ‘estaditos’ confederados.
El Gobierno puede hacer inviable económicamente al país si, para satisfacer las reivindicaciones de sus socios nacionalistas, fragmenta España en ‘estaditos’ confederados.
Algunos socialistas ingenuos, alarmados por un probable pacto de su partido con los nacionalistas que distorsione el equilibrio autonómico, desean evitar la previsible crispación social mediante una huida hacia adelante: la creación del Estado federado. Se trataría de conceder a todas las comunidades autónomas (CCAA) el máximo de soberanía que permitiera la jurisprudencia de la Unión Europea y el estatus internacional de España. Probablemente, el actual sistema autonómico supone, de facto, una federación, por lo que hacerlo de iure no sólo no acallaría la reivindicación nacionalista, sino que la agrandaría, tras comprobar que la nueva fórmula no añade más soberanía. La nueva insatisfacción llevaría a exigir la transformación de España en una confederación de sus regiones. Merece la pena recordar que la diferencia entre los conceptos federación y confederación consiste en que la soberanía de la federación reside en el ente común. Por el contrario, en la confederación, el poder central está esencialmente constituido por un organismo de coordinación, cuyas decisiones deben tomarse todas, o casi todas, por unanimidad, por ser los territorios los titulares de la plena soberanía. Un buen ejemplo de la diferencia lo tenemos en la Guerra de Secesión norteamericana. Allí, los confederados aspiraban a unos Estados prácticamente independientes, frente a los unionistas que deseaban constituir una gran nación federada. Conviene advertir que, aunque el nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética, la inteligencia y experiencia suizas han convertido su sistema de gobierno, a efectos prácticos, en una federación de sus veintiséis cantones. Ahora, temo que nuestro perspicaz Gobierno se engañe y recorra el camino inverso al de Suiza y la Unión Europea. Vaya por delante que soy un firme partidario del ‘Principio de Subsidiariedad’, que garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano. Según esta norma, el Estado debe ceder aquellas competencias susceptibles de ser gestionadas con mayor eficacia, desde instancias más próximas a los propios interesados. El desafío es dar un mejor servicio a los ciudadanos al menor coste posible y del modo más directo. También respeto al nacionalismo cuando es moderado, no excluyente y solidario, en cuanto que favorece el desarrollo: se pagan los impuestos menos a disgusto cuando se decide el destino de los mismos en el propio lugar. El primer riesgo de la fragmentación de España en Estados confederados es la inviabilidad económica de bastantes CCAA. Imaginemos que Zapatero, ante la reclamación catalana de regirse por un sistema de cupo, tal como lo vienen haciendo Navarra y el País Vasco, decidiera extender este modelo a todas las autonomías. Aunque aparentemente parece que cada uno puede recaudar y administrar sus recursos mejor que la Administración central, la realidad es muy distinta. Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra, dio en el clavo cuando afirmó, hace unas semanas, en el Club Financiero Génova, que la cultura de la administración eficaz no se improvisa y que Navarra consigue optimizar la rentabilidad de sus recursos públicos porque lleva siglos gestionándolos. Comunidades ricas y pobres La cesión completa de las competencias fiscales a todas las comunidades autónomas, tanto de la recaudación como del gasto, provocaría mejores resultados en las más eficientes y peores en las más dilapidadoras. Habla por sí solo el hecho de que la diferencia, en términos económicos, entre las CCAA más ricas y más pobres ha ido aumentando a la par de las cesiones de competencias. Curiosamente, las que tenían mayor tradición de autogestionarse, Navarra y el País Vasco (por su Diputación Foral de Álava), han sabido invertir mejor sus recursos. Riesgos de la fragmentación Un segundo riesgo de esa confederación sería que la obligada actual solidaridad, que favorece la cohesión nacional, se debilitaría por dos razones. La primera, porque la cesión de recursos desde unas comunidades a otras tendría que ser voluntaria, razón por la que algunas CCAA, basándose en sus necesidades no satisfechas, se sentirían justificadas para negar fondos a las regiones rivales más pobres. De otro lado, es comprensible que una región que se cree más laboriosa que otra no desee donar recursos a comunidades que considera que su gente se esfuerza menos por progresar. La mayoría de nuestras CCAA carecen de masa crítica de población para imitar las potencialidades de países federados: cinco millones de habitantes por länder alemán o estado norteamericano. Este diminuto tamaño obligaría a saber administrarse mucho mejor, algo difícil si no hay tradición de hacerlo. Si, además, nos convertimos en una confederación, ese “volar de un modo más aislado”, unido a los riesgos anteriores, conduce a una conclusión: la difícil viabilidad económica de una España fragmentada. Resta anotar que el País Vasco y Cataluña tienen más posibilidades de ser prósperas si la política económica de España es unitaria y coherente. La mayoría de nuestras autonomías carecen de masa crítica de población para imitar las potencialidades de países federados El sistema autonómico es una federación de hecho, por lo que hacerlo de derecho elevaría la reivindicación nacionalista tras ver que no añade más soberanía Profesor titular de Universidad.
Algunos socialistas ingenuos, alarmados por un probable pacto de su partido con los nacionalistas que distorsione el equilibrio autonómico, desean evitar la previsible crispación social mediante una huida hacia adelante: la creación del Estado federado. Se trataría de conceder a todas las comunidades autónomas (CCAA) el máximo de soberanía que permitiera la jurisprudencia de la Unión Europea y el estatus internacional de España. Probablemente, el actual sistema autonómico supone, de facto, una federación, por lo que hacerlo de iure no sólo no acallaría la reivindicación nacionalista, sino que la agrandaría, tras comprobar que la nueva fórmula no añade más soberanía. La nueva insatisfacción llevaría a exigir la transformación de España en una confederación de sus regiones. Merece la pena recordar que la diferencia entre los conceptos federación y confederación consiste en que la soberanía de la federación reside en el ente común. Por el contrario, en la confederación, el poder central está esencialmente constituido por un organismo de coordinación, cuyas decisiones deben tomarse todas, o casi todas, por unanimidad, por ser los territorios los titulares de la plena soberanía. Un buen ejemplo de la diferencia lo tenemos en la Guerra de Secesión norteamericana. Allí, los confederados aspiraban a unos Estados prácticamente independientes, frente a los unionistas que deseaban constituir una gran nación federada. Conviene advertir que, aunque el nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética, la inteligencia y experiencia suizas han convertido su sistema de gobierno, a efectos prácticos, en una federación de sus veintiséis cantones. Ahora, temo que nuestro perspicaz Gobierno se engañe y recorra el camino inverso al de Suiza y la Unión Europea. Vaya por delante que soy un firme partidario del ‘Principio de Subsidiariedad’, que garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano. Según esta norma, el Estado debe ceder aquellas competencias susceptibles de ser gestionadas con mayor eficacia, desde instancias más próximas a los propios interesados. El desafío es dar un mejor servicio a los ciudadanos al menor coste posible y del modo más directo. También respeto al nacionalismo cuando es moderado, no excluyente y solidario, en cuanto que favorece el desarrollo: se pagan los impuestos menos a disgusto cuando se decide el destino de los mismos en el propio lugar. El primer riesgo de la fragmentación de España en Estados confederados es la inviabilidad económica de bastantes CCAA. Imaginemos que Zapatero, ante la reclamación catalana de regirse por un sistema de cupo, tal como lo vienen haciendo Navarra y el País Vasco, decidiera extender este modelo a todas las autonomías. Aunque aparentemente parece que cada uno puede recaudar y administrar sus recursos mejor que la Administración central, la realidad es muy distinta. Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra, dio en el clavo cuando afirmó, hace unas semanas, en el Club Financiero Génova, que la cultura de la administración eficaz no se improvisa y que Navarra consigue optimizar la rentabilidad de sus recursos públicos porque lleva siglos gestionándolos. Comunidades ricas y pobres La cesión completa de las competencias fiscales a todas las comunidades autónomas, tanto de la recaudación como del gasto, provocaría mejores resultados en las más eficientes y peores en las más dilapidadoras. Habla por sí solo el hecho de que la diferencia, en términos económicos, entre las CCAA más ricas y más pobres ha ido aumentando a la par de las cesiones de competencias. Curiosamente, las que tenían mayor tradición de autogestionarse, Navarra y el País Vasco (por su Diputación Foral de Álava), han sabido invertir mejor sus recursos. Riesgos de la fragmentación Un segundo riesgo de esa confederación sería que la obligada actual solidaridad, que favorece la cohesión nacional, se debilitaría por dos razones. La primera, porque la cesión de recursos desde unas comunidades a otras tendría que ser voluntaria, razón por la que algunas CCAA, basándose en sus necesidades no satisfechas, se sentirían justificadas para negar fondos a las regiones rivales más pobres. De otro lado, es comprensible que una región que se cree más laboriosa que otra no desee donar recursos a comunidades que considera que su gente se esfuerza menos por progresar. La mayoría de nuestras CCAA carecen de masa crítica de población para imitar las potencialidades de países federados: cinco millones de habitantes por länder alemán o estado norteamericano. Este diminuto tamaño obligaría a saber administrarse mucho mejor, algo difícil si no hay tradición de hacerlo. Si, además, nos convertimos en una confederación, ese “volar de un modo más aislado”, unido a los riesgos anteriores, conduce a una conclusión: la difícil viabilidad económica de una España fragmentada. Resta anotar que el País Vasco y Cataluña tienen más posibilidades de ser prósperas si la política económica de España es unitaria y coherente. La mayoría de nuestras autonomías carecen de masa crítica de población para imitar las potencialidades de países federados El sistema autonómico es una federación de hecho, por lo que hacerlo de derecho elevaría la reivindicación nacionalista tras ver que no añade más soberanía Profesor titular de Universidad.