Diario de Navarra, 23 de abril de 2006
Entrevista con D. Fernando Eguidazu
La empresa española está sometida a cinco niveles de regulación: la comunitaria, la estatal, la autonómica, la local y la de los organismos reguladores como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores» afirma Fernando Eguidazu, bilbaíno, licenciado en derecho y económicas en Deusto, Presidente de la Mutua La Fraternidad Muprespa y Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios.
Invitado por la Institución Futuro el pasado jueves, jefe de Gabinete del ministerio de Economía y Comercio entre 1981 y 1982, se lamenta de los costes económicos y las repercusiones negativas que para la economía española tiene el exceso de regulación burocrática.
-Habla sobre el coste de la burocracia.¿Cuánto en términos económicos?
-Nunca se ha hecho un estudio sobre esto. Todos sospechamos que tiene un coste muy alto, pero la OCDE en el 2001 hizo un informe sobre 8000 empresas en 11 países. El coste de cumplimiento de la normativa fiscal, laboral y medioambiental era de 27.500 dólares al año por empresa. Sobre el PIB empresarial, el país que tenía un coste regulatorio menor era Finlandia con el 1,5%, y el mayor era España con el 7,2 %. Sobre el PIB Nacional, el coste regulatorio era en España del 5,6% frente al 1% de Finlandia. Nadie pretende que no haya normas fiscales, laborales y medioambientales, pero la cuestión es cuántas normas. Si en un país como Finlandia que paga impuestos, con un mercado laboral razonable y respetuoso con el medio ambiente, el coste regulatorio es del 1%, uno tiende a pensar que el coste de España es un poco alto.

-¿Qué normas y burocracia resultan a su juicio prescindibles?

– La legislación comunitaria son 80.000 páginas. Conservo el recorte de prensa de hace más o menos un año, cuando la General Motors abrió una planta en Cartagena, en el que se señalaba que habían necesitado 111 permisos. En mi campo de las mutuas de accidentes de trabajo, el Código de Mutuas que me aplican es de 2.200 páginas. En materia de distribución comercial hay más de 700 normas incluidas la estatales, autonómicas y locales. Para casi todo hay ahora 17 normas. Y desgraciadamente muchas de esas nuevas normas autonómicas se dictan buscando que sean distintas y con frecuencia son contradictorias a la norma estatal porque intervienen pulsos políticos.

-¿Quiere decir que a más administraciones, más funcionarios, más normas y menos eficacia?

-Sí. En cuanto a funcionarios autonómicos, en el año 90 en había 430.000. En el 2005 hay 1.260.000. Cuanto más regulas, más funcionarios necesitas para vigilar el cumplimiento de la norma.

Liberalizar los alquileres

-¿Con tanto funcionario, se puede pensar que trabajamos para el Estado?

-Como publicamos en el Círculo de Empresarios hace tres años hablando del sistema fiscal, hasta mediados de mayo, el español medio, todo lo que trabaja, se lo tiene que dar a Hacienda. O sea, en el mes de junio empiezas a trabajar para ti. ¿Tiene sentido que en España haya 1.260.000 funcionarios autonómicos, y que estemos muy por encima de los dos millones de funcionarios? En España las normas deberían tener una memoria de coste-beneficio. Por ejemplo, tenemos una legislación que desanima al propietario de una casa para alquilar.

-¿Y qué solución aporta al problema de falta de viviendas?

-Liberalizar. Ya ha habido un ejemplo. La ley Boyer supuso una explosión del mercado de alquiler. La proporción entre viviendas en propiedad y de alquiler era similar al resto de Europa. Con lo cual no es verdad que al español le gusta tener la casa en propiedad. El español es igual que el belga y el sueco, es normal, lo que pasa es que compra porque le cuesta igual que el alquiler. Y los alquileres son muy caros porque hay pocas casas en alquiler. ¿Por qué? Porque el dueño de una casa se resiste a alquilar porque se siente indefenso jurídicamente. Y además la ley le obliga a alquilar por cinco años. ¿Por qué sube el precio de la vivienda? Cualquiera lo dice: porque la demanda es superior a la oferta. Nuestra legislación del suelo restringe la oferta, pero a la vez estamos estimulando la demanda con subvenciones fiscales.
Bilbaíno, economista formado en Deusto, recuerda que «en el ranking de creación de empresas el País Vasco ha bajado cuatro o cinco puestos. ¿Cuánto habría crecido el País Vasco de no ser por el terrorismo?» se pregunta añadiendo que «el terrorismo ha provocado la marcha de 250.000 personas, de ellas un porcentaje altísimo de empresarios y eso es pérdida de riqueza».
-¿Qué intuye ante la nueva situación de alto el fuego en el País Vasco?

-Sé muy poco más de lo que dicen los periódicos. Ese proceso va a ser muy largo y pienso que va a estar sujeto a muchos sobresaltos con muchas probabilidades de que vaya a salir mal. Aunque ojalá no salga mal. En el caso de que salga bien, con un coste casi insoportable, y aquí me refiero a los costes que se llaman políticos. Creo que una parte del mal ya está hecho porque el País Vasco ha perdido trenes que son difícil de recuperar. Es muy improbable que la gente que se ha ido vuelva, no por rencor, sino porque ya han rehecho su vida profesional. Y es que hace 30 años España tenía dos locomotoras que eran el País Vasco y Cataluña. Ahora la locomotora de España es Madrid, es la región con un entorno más abierto y liberal. Y han aparecido regiones tremendamente pujantes como Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana… Y temo que eso es irreversible.
Desde el punto de vista de presidente de la Mutua la Fraternidad asegura que demanda los mismos requerimientos que cualquier empresario: más libertad y más agilidad en los procesos burocráticos.
-¿Debe seguir el proceso de concentración de las mutuas?

-Hubo unas 200 y ahora creo que hay 26. No hay un principio que diga qué número es bueno. Las mutuas son asociaciones de empresarios y si no quieren estar en una mutua, esa mutua cierra.

-La cuota de mercado de su mutua incluye a los grandes. ¿Cómo lo hace?

-Empresas como Zara, Iberia, Telefónica, Carrefour, Renfe, Correos… en una mutua que no les diera buen servicios no estarían. Al ser empresas de ámbito nacional necesitan empresas que les puedan dar servicios en cualquier punto de España. Además procedemos de una fusión con Muprespa, antigua mutua del INI que prácticamente aglutinaba todo el sector público español.

Institución Futuro
Share This