Además, nos atrevemos a pedirle al Gobierno que confíe de verdad en sus empleados. Sí, sí, en los funcionarios, con frecuencia injustamente denostados al ser juzgados en bloque sin tener en cuenta su condición de ciudadanos productivos. Otorgando más capacidad de decisión a los trabajadores públicos bajo los ideales y valores de los altos cargos se conseguirá, sin duda, hacerlos más responsables de su propia labor profesional y, por consiguiente, paliar el déficit de resultados del sector público.
Por el bien de todos, el debate de la productividad en la Administración ha de abordarse pronto, con apertura de miras y sin miedo. Valorar con la máxima objetividad la actuación de los funcionarios y ligar competencia, responsabilidad y resultados con salarios no resulta, a estas alturas, una propuesta original ni descabellada, sino realista y necesaria. Tal y como se realiza en la empresa privada. En este terreno, los poderes públicos y los sindicatos, libres de tentaciones demagógicas, están llamados a realizar un esfuerzo conjunto.
Urge, asimismo, una reflexión sobre la naturaleza y dimensiones de las tareas específicas asociadas a las administraciones públicas. Si de lo que se trata es de ofrecer a la ciudanía los mejores servicios públicos al mejor coste, la palabra “privatizar” -que, manipulada, goza de muy mala prensa en determinados sectores sociales y políticos – no debería inquietar a nadie, siempre que la determinación y el control de dichos servicios continúen en manos de la Administración. De la aplicación sistemática del principio de subsidiariedad derivarían múltiples beneficios. En esencia, se trata de que la Administración sólo intervenga con carácter complementario en aquellas esferas que, por razones de distinta índole, no puede cubrir la iniciativa privada. En el horizonte inmediato se plantea un debate sobre los sistemas innovadores de provisión de los servicios.
Nuestro siguiente deseo va ligado al anterior: la reducción de los gastos y el aumento de la productividad. O, dicho con otras palabras, lograr una Administración mejor con mejores sistemas y menor coste. Para superar la actual crisis económica se nos está exigiendo a todos los ciudadanos una serie de sacrificios, que también ha de reclamarse a las entidades públicas.
Para ser efectivas, todo este conjunto de sugerencias y medias debe plantearse con vistas al largo plazo, no al corto recorrido de una legislatura. Para ponerlas en práctica se necesitan políticos responsables con visión de Estado y técnicos cualificados que, sin maniqueísmos ideológicos ni ansias desaforadas de reelección al cabo de cuatro años, trabajen en serio en la construcción de una Navarra más próspera. Estoy convencido de que la tarea del nuevo Gobierno, si se hace con criterios profesionales, si funciona por objetivos y si se utilizan elementos rigurosos, no meramente burocráticos, de medición de la calidad, se traducirá en la aparición de un escenario socioeconómico mucho mejor que el actual. Y eso que nuestra Comunidad Foral ya se encuentra en una posición muy positiva respecto al resto de Comunidades Autónomas debido, entre otros motivos, al buen trabajo realizado en materia económica por el Gobierno en la anterior legislatura.
En definitiva, señores miembros del Gobierno de Navarra, en sus manos, nuevas e ilusionadas, se hallan el poder y la decisión de reinventar la forma de organizar la Administración. Los ciudadanos demandamos un sistema público que funcione. Éste es el momento adecuado para pasar de una burocracia demasiado jerarquizada a una Administración moderna que se aproveche de la experiencia empresarial. Todos, Administración y sociedad civil, tenemos que ponernos manos a la obra con esfuerzo, rigor y firmeza, por el bien de Navarra y de sus ciudadanos.