Uno de los mayores obstáculos para el progreso del país es la resistencia a la movilidad que tenemos los españoles. Exclamaciones como antes jubilarme que trasladarme o prefiero cobrar el paro que irme a vivir a otro sitio se suelen oír en las negociaciones del cierre de una factoría ruinosa. La cultura de arraigo a la tierra de cada uno pervive en la mentalidad de muchas personas. Un segundo factor, más explicable en ámbitos rurales o en pequeñas capitales de provincia, es el sentimiento de pertenencia a un pueblo o ciudad: nos sentimos extranjeros fuera de casa. Esta situación, relativamente comprensible en personas que han pasado el medio siglo, tiene efectos perversos en personas jóvenes o de mediana edad. No estar dispuesto a un traslado resulta perjudicial para encontrar el primer empleo o la optimación del desarrollo profesional. Una tercera limitación a la movilidad, que refuerza a las dos anteriores, es la dificultad que encierra la obtención de una nueva vivienda en la nueva población de destino. Hoy dedicaré el artículo a esta cuestión, en cuanto que el remedio a esta limitación no depende de la persona, sino de una política de vivienda más acertada. Dar facilidades a la movilidad de las personas requiere que el coste de la vivienda sea asequible. Sin movilidad laboral no es fácil que aflore esa cultura emprendedora, característica del dinamismo de EEUU.
Los norteamericanos se trasladan a donde haga falta para prosperar: ese movimiento favorece el intercambio de ideas y la cohesión del país. Una de las primeras consideraciones que se plantea un trabajador cuando le ofrecen una promoción profesional que implica un desplazamiento es la dificultad de encontrar una vivienda a un coste asequible. La venta de la que se tiene y la compra de la nueva tiene un alto coste económico, así como el riesgo del ahorro de toda la vida. Si la hipoteca de la compra de un piso representara un porcentaje razonable de la nómina, la disposición a aceptar un ascenso sería mayor. Contaré una historieta que ilustra una parte del problema. Unos japoneses estaban haciendo un reconocimiento aéreo por España para invertir en vivienda. Se sorprendieron por el reducido espacio construido y su apiñamiento, y preguntaron si la causa era que el propietario de los terrenos era el Estado. El experto que les asesoraba les contestó: no, es algo peor; simplemente, está poseído por la burocracia. En nuestro país, tenemos una normativa para edificar extraordinariamente compleja, que parece diseñada más para evitar que se construya que para facilitar que haya las viviendas que se necesitan. La consecuencia es clara: la jungla legal y la lentitud administrativa favorecen la especulación de los ayuntamientos y de los propietarios de terrenos. Clama al cielo que, en España, la repercusión media del solar en vivienda sea del 25% del precio de la vivienda, y que en las ciudades pueda superar el 50%. En estos casos, se tiende a echar la culpa a los que venden, cuando los que dan el pelotazo son aquellos que, aprovechándose de la escasez de oferta de suelo, venden a un precio desorbitado un terreno acaparado hace mucho tiempo.
El ejemplo de Navarra
Ante la escasa voluntad de cambio de la Administración Pública, hay que buscar soluciones imaginativas y que surjan desde la iniciativa privada. Quizá merezca la pena comentar el ejemplo de Navarra, donde los empresarios del sector han comenzado una política pionera para reducir el precio de la vivienda. Han adquirido tres millones de metros cuadrados de suelo en un municipio próximo a Pamplona y se los han ofrecido al Gobierno de Navarra, a cambio de que autorice la construcción de viviendas en ese terreno. Es estimulante que sea la sociedad civil la que propone una gran solución.
El Gobierno de Navarra se ha mostrado dispuesto a colaborar, en lugar de molestarse por no ser quien promueva el proyecto. En España sobra terreno y falta un derecho de propiedad elemental: la liberalización del uso del suelo. El intervencionismo de la Administración no sólo castiga el precio de la vivienda, sino que, además, impide una movilidad imprescindible para el dinamismo económico.