Jueves 20 de abril de 2006, 19 horas, sede de la CEN
Fernando Eguidazu, Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios

La conferencia organizada por Institución Futuro y celebrada el 20 de abril en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, analizó los costes de la burocracia y, más en general, los costes del marco regulatorio. El ponente apuntó que “la participación del Estado en la economía mediante regulaciones es un fenómeno que va en aumento”.

La conferencia organizada por Institución Futuro y celebrada el 20 de abril en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, analizó los costes de la burocracia y, más en general, los costes del marco regulatorio. El ponente apuntó que “la participación del Estado en la economía mediante regulaciones es un fenómeno que va en aumento”. Asumiendo que cierta regulación es necesaria, Eguidazu desgranó los costes de su cumplimiento. Para las empresas, conocer las normas vigentes y poder aplicarlas correctamente supone una gran carga económica. Más aún, “para la economía en general, la excesiva regulación provoca distorsiones en la asignación de recursos”. Por ello, señaló que “para que una regulación valga la pena, ha de ser necesaria y generar la menor distorsión posible en el mercado”. En este contexto, enumeró los cinco rasgos de toda buena regulación: “proporcional, responsable, consistente, transparente y concreta”.

El director general de Fraternidad Muprespa fue muy concreto al contabilizar los costes económicos del marco regulatorio. Mencionó varios estudios que los han calculado, entre los que destacó el elaborado por la OCDE en 2001 a 8.000 Pymes de 11 países europeos, incluida España. Esta investigación analizó la relación de las normativas fiscales, laborales y medioambientales con el producto bruto de las empresas encuestadas y de la economía en general. “El coste para las empresas españolas fue el más alto de los países encuestados, un 7,2%, y el coste sobre el PIB nacional, un 5,6%”.

Sobre la relación entre los empresarios españoles y las cuantiosas regulaciones, añadió que debido al elevado número de normas, “ningún empresario puede cumplir con toda la legislación”. Dos de los mayores problemas detectados por el ponente sobre esta materia son que en España existen demasiadas normas y, sin embargo, no hay conciencia del problema. “El que en España existan cinco niveles de regulación; Unión Europea, Estado, Comunidades Autónomas, Comunidades locales y órganos regulatorios no hace más que complicar las cosas”. Además, “las normativas son demasiado intervencionistas, no tienen en cuenta los costes económicos de su cumplimiento y no se realiza ninguna valoración a posteriori para comprobar su eficacia”. Otra desventaja de la normativa española, según Eguidazu, es su cambio frecuente “por la baja calidad de los mecanismos de creación de normas y por el ‘revanchismo’ político que impulsa a los partidos políticos que llegan al poder a cambiar todo lo aprobado por el partido anterior”.

El Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios habló de los marcos regulatorios autonómicos: el gasto público en términos de PIB de las Comunidades Autónomas ha pasado del 6,5% en 1995 al 13% en 2004. “Este aumento se debe en parte al efecto de demostración, que lleva a las Comunidades Autónomas a aprobar normas sólo porque las comunidades vecinas las tienen, y al efecto diferenciador, que las mueve a querer distanciarse del resto”. Precisó que la tendencia intervencionista es mucho mayor en las Comunidades Autónomas que a nivel nacional y que “la pelea de las comunidades es por tener más competencias, no por ejercerlas”. Además, el favoritismo hacia los intereses locales aumenta el riesgo de creación de lobbys locales y de campeones regionales. “Con ello la unidad de mercado se fractura, con todas las consecuencias negativas que para los empresarios conlleva; las ventajas de las economías de escala se eliminan y la eficiencia de las empresas decrece”.

Aun admitiendo la endeble voluntad política existente para solventar el problema regulatorio, Eguidazu señaló varias medidas que podrían resolverlo. Para empezar, habría que limpiar la maraña legislativa imperante. Asimismo, la coordinación entre la Administración central y las Comunidades Autónomas debería incrementarse. Una tercera medida consistiría en analizar el impacto que la regulación tendría sobre la economía antes de aprobarla y, una vez implementada, controlar su eficacia. “Las soluciones vendrán sólo cuando la sociedad se percate del problema y ejerza presión sobre la clase política”. Fernando Eguidazu concluyó su ponencia con la siguiente observación: “En Estados Unidos la Constitución protege al ciudadano del Estado y de su Gobierno, porque los padres fundadores tenían una tremenda desconfianza del poder político. Sin embargo en Europa se tiene el concepto contrario, el del Estado providencia, que ha de resolver todos nuestros problemas desde que nacemos”.

Sobre el ponente Fernando Eguidazu, licenciado en Ciencias Económicas y Derecho y Técnico Comercial y Economista del Estado, es en la actualidad Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios, Director General de Fraternidad Muprespa y consejero de Asociart S.A. Ha sido Consejero Delegado y Presidente de Sovhispan, Presidente de Fintrade S.A., Consejero Delegado de Gulf Ibérica S.A. y Vicepresidente del Banco Árabe Español, y miembro de los Consejos de Administración, entre otras, de la Compañía General de Tabacos de Filipinas S.A., Entursa, CABSA, Cabsafrica S.A., IPPV, Focoex S.A. y Banco Exterior de España.

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