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Los salarios públicos los pagamos entre todos, ¿qué menos que tener a los mejores perfiles trabajando para nosotros?

 

Decir que en los últimos días la política anda revuelta quizá sea quedarse corto. Entre mociones de censura fallidas, convocatorias electorales a la contra, presentación de candidatos estrella y los consiguientes cambios de puestos… los ciudadanos asistimos atónitos a un escenario más cercano a la aclamada serie de ficción Juego de tronos que a la realidad en la que vivimos.

 

Una realidad marcada por la pandemia y la crisis económica, por el paro y el endeudamiento público, por la cantidad de empresas que empiezan a tener problemas de insolvencia y previsiblemente van a desaparecer, el turismo que da por perdida la campaña de Semana Santa y mira con recelo al Gobierno y a la apertura de confinamientos perimetrales en los próximos meses… Un día a día en el que las ayudas europeas se plantean como el gran salvavidas para muchas compañías, no sin muchas dudas e interrogantes al respecto.

 

Esos son los problemas que preocupan a los ciudadanos y, para bien o para mal, en varios de ellos influye, y mucho, la política. Nunca me ha gustado generalizar, por eso no se me ocurrirá arremeter contra toda una profesión que, bien entendida, es el máximo exponente de servicio público y trabajo por la ciudadanía. Pero a menudo me planteo qué características debería tener el buen político y, al compararlas con muchos en activo, siento una gran desazón.

 

Todos los que hemos trabajado por cuenta ajena entendemos lo que son buenas prácticas y malas prácticas a la hora de contratar. Todos comprendemos la diferencia entre los méritos y el enchufismo o amiguismo. Entre alguien que llega a su puesto bien preparado, cumpliendo unos requisitos mínimos adecuados, y alguien que entra por enchufe, sin saber bien por dónde le da el aire. Y todos sabemos lo que es mejor.

 

Esa buena práctica, que en las empresas privadas no es obligatoria pero marca la diferencia entre las que son exitosas y las que no, resulta completamente exigible en la administración pública y, particularmente, en la política. Y aunque podemos aceptar, no somos tan inocentes, que la primera línea de gobierno sea política (presidente y ministros o consejeros), no es admisible que lo sea la segunda línea (directores, asesores…), donde el componente técnico de los puestos hace inviable que sean bien desempeñados por gente sin la preparación adecuada.

 

Cuando miro a los nombramientos de altos cargos -como digo ha habido muchos en los últimos días- no veo aplicadas en absoluto las buenas prácticas. No veo que se escoja a los mejores candidatos, los más meritorios, con la mejor formación y la máxima experiencia demostrada. Veo que se escoge al amigo de, a quien ha sido más fiel al partido, a quien va a defender a pies puntillas y sin queja alguna sus ideas. Pero no identifico, en términos generales, a buenos profesionales.

 

Dada la importancia que la Administración pública en general y los políticos en particular tienen sobre nuestras vidas, ¿no sería exigible que fueran los mejores posibles? Es responsabilidad de los ciudadanos demandarlo y, por qué no, denunciar aquellos nombramientos que desde antes de que tomen posesión ya se barrunta que van a tener dificultades en poder acometer con su obligación.

 

El tema de los salarios de los políticos siempre es controvertido. Los hay que consideran que cobran demasiado -seguramente quien en su labor profesional no llega a esas cifras- y los hay que creen que se quedan muy cortos sobre lo que en realidad se merecería un buen profesional que debe asumir y gestionar el presupuesto y responsabilidad que se le asigna. Yo opino que un político mediocre mal pagado sale muy caro, y un buen político bien pagado es una inversión cuyos frutos los disfrutarán los ciudadanos.

 

En definitiva, como sociedad civil debemos denunciar desde el momento de su designación cuando un cargo público de libre designación no es el más adecuado. En nuestro país, y por supuesto también en Navarra, existen personas perfectamente preparadas para liderar diferentes áreas públicas. Los salarios públicos los pagamos entre todos, ¿qué menos que tener a los mejores perfiles trabajando para nosotros?

 

¿Propuestas para mejorar? ¿Por qué no involucramos a las asociaciones profesionales, colegios técnicos y otros agentes similares a la hora de seleccionar a los candidatos? ¿Por qué no pedimos que se defina un perfil mínimo para cualquier director, asesor o cargo político en empresa pública? ¿Por qué no sometemos los nombramientos a la fiscalización de organismos externos, que nos puedan dar una idea de la idoneidad de las personas para los cargos?

 

Es hora de dejar de quejarse y dar pasos para alcanzar la transparencia en la gestión pública de la que tanto se alardea. Y para hacerlo no vale con publicar los sueldos de los altos cargos. Hay que empezar por saber qué méritos tienen para serlo los que lo son, y cómo van a contribuir a mejorar las vidas del ciudadano, desde su capacidad profesional. Y si no lo hace la administración, a nivel regional al menos, lo podemos hacer nosotros.


José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro

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