Diario de Navarra, 10 de febrero de 2010
Emilio Huerta, director del Centro para la Competitividad de Navarra
El gobierno de la nación se ha planteado un reto exigente, ha fijado un ahorro de gasto público de 50.000 millones de euros para los próximos tres años. El vicepresidente económico del Gobierno foral, Álvaro Miranda, rápidamente ha recogido el guante y ha indicado que Navarra pondrá en marcha su propio plan de contención del gasto público. Ambas iniciativas están llenas de sentido y racionalidad, en un escenario de caída de los impuestos y por tanto de pérdida de capacidad fiscal, es evidente que hay que reconducir la política de gasto. La pregunta clave ahora es ¿se va a producir una pérdida de calidad de los servicios públicos o es posible mantener el nivel de las prestaciones aunque los recursos asignados sean inferiores?

Las cuestiones de cuánto gastamos, cómo lo hacemos y el resultado obtenido están relacionadas, pero no de forma unívoca. A veces, si hay un exceso de programas poco justificados, o ineficiencia y despilfarro en la provisión de los servicios públicos, aumentos de los recursos no necesariamente sirven para mejorar éstos, sino que se utilizan para ocultar la falta de productividad de los recursos y esfuerzos comprometidos. Por tanto, un mismo nivel de inversión gestionado de una forma u otra, genera un resultado diferente. La buena organización de los recursos y la motivación e incentivos adecuados de las personas, dada una financiación suficiente, son claves para ofrecer unas prestaciones de excelencia.

La Administración Pública Navarra ofrece, entre otros, un conjunto de servicios que van desde la regulación y supervisión de actividades como el transporte local y regional, la ordenación urbanística, hasta garantizar las condiciones de seguridad y calidad de determinados servicios privados. Además, financia y realiza la provisión de bienes públicos como la educación y la sanidad, e impulsa la inversión en infraestructuras de transporte, energía, comunicaciones y ocio. Pero reconocida la trascendencia de su tarea, una cuestión clave para entender el valor del gasto ejecutado tiene que ver con analizar en qué condiciones se realizan estas actividades, si se hacen en un marco dinámico que propicia su mejora, o por el contrario se ofrecen desde un diseño institucional rígido. Como es conocido, muchos servicios se prestan en un contexto caracterizado por:

– Una administración organizada de forma burocrática y poco flexible. Reglas y procedimientos frente a capacidad de dirección, definición de objetivos, autonomía y evaluación de resultados.

– Una estructura organizativa de corte funcional con barreras y compartimentos estancos y poco ágil para trasvasar con rapidez recursos a otros ámbitos de la organización.

– Una administración poco habituada a visibilizar los resultados y rendir cuentas de los logros alcanzados.

– Un sistema de toma de decisiones centralizado, con débil capacidad de gestión y falta de asunción de responsabilidades individuales y de grupo, porque es el sistema el que ofrece el servicio, sea éste educativo o sanitario.

– Un capital humano seleccionado con criterios objetivos pero memorísticos, con pocos incentivos y con carreras profesionales basadas en la antigüedad y no en los méritos.

Además, los servicios se ofrecen, en muchos casos, en situación de exclusividad o monopolio y, por tanto, protegidos de la competencia. Un escenario nada favorable a la eficiencia y eficacia.

En estas circunstancias, resulta difícil imaginar estímulos para propiciar la innovación y la orientación hacia los intereses de los ciudadanos. Por eso, podemos concluir que independientemente de la buena voluntad y profesionalidad de los empleados públicos, la prestación de muchos de los servicios se realiza alejada de las mejores prácticas de organización y competencia

Así, cuando debatimos sobre los programas de gasto y reconocemos las limitaciones presupuestarias, debemos discutir en paralelo si las instituciones públicas que tenemos y los incentivos que hemos definido, son los adecuados para ofrecer los servicios en las mejores condiciones de calidad y eficiencia posibles.

Y parece que hay margen para su mejora. No podemos seguir permitiéndonos el lujo de pagar más y obtener menos de nuestra administración. Es hora de cambiar en profundidad el modo de actuar y pasar de una burocracia poco orientada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a una administración moderna y empresarial. Los ajustes presupuestarios que se necesitan hacer, deben servir para, de forma simultánea, rediseñar y reinventar muchas áreas de la administración nacional y foral. Sólo de esta forma estaremos seguros de que esa aportación de esfuerzo y renta de cada ciudadano, que son nuestros impuestos, se transforma en valor y solidaridad para la sociedad.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This

Suscríbete a nuestros boletines