Con la actual situación política y el revuelo social que estamos viviendo resulta difícil no pronunciarse sobre los acuerdos de investidura que se han firmado en España. No seré yo quien juzgue o entre a opinar en estas líneas sobre ideologías de unos u otros partidos. Como suele decirse, por sus actos los conoceréis.
Los que sí han opinado sobre qué mercados son los favoritos para invertir en los próximos meses son 265 gestores de fondos de todo el mundo a través de la encuesta que Bank of America realiza mensualmente. Unos gestores con un patrimonio conjunto de 632.000 millones de euros que han cambiado su visión sobre España en apenas una semana. El acuerdo sobre la amnistía del PSOE con Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y la formación de gobierno y la instrumentalización de la Justicia (lawfare) han creado un ambiente de inseguridad jurídica. Ha calado la idea de que en España las reglas del juego pueden cambiar de un momento a otro y eso puede afectar a inversiones ya realizadas. Hemos pasado de ser uno de los países favoritos para invertir en Europa, junto a Suiza, a ser el último. Este sentimiento inversor, negativo para España, también se ha instalado entre los grandes patrimonios españoles.
Siempre he defendido allí donde he tenido ocasión que la mejor política social es la que favorece la creación de puestos de trabajo. Lograr que en España rebajemos la actual tasa de paro (del 11,7%, la mayor de toda la UE) debería ser no ya una prioridad, sino una obsesión por parte de nuestros gobernantes. Lo que favorece esa generación de empleo privado es la seguridad jurídica, la previsibilidad, la estabilidad institucional, la certeza por parte de las empresas de que se las quiere, que el clima sea favorable…En ese escenario, las compañías tomarán sus decisiones con libertad. Ahora mismo, el clima de negocios no es que sea desfavorable, es que es nefasto. Se nos analiza con lupa y se nos compara con países antidemocráticos y con repúblicas bananeras. No esperemos inversiones ni ahora ni en el futuro mientras no cambiemos esta percepción. Aunque los inversores toman sus decisiones de forma racional -por lo que esperarán a las medidas que se aprueben una vez formado el Gobierno-, el ruido generado no favorece.
Para bien o para mal, la política tiene influencia en lo económico, y esa influencia se está empleando de la peor manera posible, para degradar la economía. La prosperidad alcanzada en nuestro país a lo largo de las últimas décadas está en entredicho. Que nadie se sorprenda de la deriva económica causada por los pactos, que va a ir para largo.
Capítulo aparte es la quiebra de la igualdad de las regiones, al asumir el Gobierno central parte de la deuda de algunas CCAA. El resto, ciudadanos de segunda, cuando la igualdad ante la ley debería ser inquebrantable. Y el Estado, a condonar una deuda de 15.000 millones de euros, limitar su capacidad inversora y abrir la puerta a que otras regiones quieran sumarse a esa condonación. Como escuchaba el otro día, “como se apunten todos al carro, va a ser una ruina”. Pero aunque no se apunten todos, la ruina ya la tenemos. La sociedad española está dividida, cuando tendría que estar más unida y cohesionada que nunca, por el bien común.
Como presidente de Institución Futuro, no puedo comulgar con un pacto que, de facto, divide a las regiones españolas en comunidades de primera y de segunda. Lo mismo con sus ciudadanos, muchos de ellos -no hay más que ver las concentraciones que llevan semanas produciéndose por toda la geografía española- hartos de ver cómo los intereses particulares priman sobre la seguridad jurídica y la separación de poderes.
José María Aracama Yoldi. Presidente del think tank Institución Futuro.