Diario de Navarra, 3 de agosto de 2011
Javier Troyas, presidente de Institución Futuro
Hace unos meses el Gobierno central anunciaba a bombo y platillo la puesta en marcha de un plan para luchar contra la economía sumergida, que en la actualidad supone alrededor del 24% del PIB español –según un reciente estudio de Funcas- y nos coloca como el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de actividad en B. Y en Navarra, se ha firmado un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y el Gobierno central para impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Lo primero que me vino a la cabeza al leer ambas noticia fue que el Ejecutivo debía haber propuesto medidas eficaces a este respecto antes, antes incluso de que empezara la crisis. Porque ya se sabe que en momentos de dificultad las triquiñuelas aumentan, pero también hay individuos y empresas que entienden el fraude fiscal como una forma permanente de operar, con independencia de que se encuentren en un momento de bonanza o de recesión económica. Y los datos demuestran que el fraude fiscal en España viene de largo. Más todavía: alcanza magnitudes superiores a las admitidas por las autoridades.

Para poder luchar con eficacia contra la economía sumergida es necesario, claro está, determinar el origen del problema. Las causas pueden ser muy diversas. La más obvia, la elevada tasa de paro de la economía española, circunstancia que induce a muchas personas a buscar empleos no declarados. Por otra parte, la rigidez del mercado laboral tampoco ha contribuido a fomentar el empleo.

Otro aspecto relevante de la cuestión, que a menudo se silencia, es el ético y moral. Nos encontramos en un estado de derecho y, por tanto, todos los ciudadanos estamos obligados a actuar solidariamente dentro del marco legal. Este axioma no implica que debamos ser sumisos ante ciertas actuaciones de la Administración. Claro que tenemos derecho a quejarnos, reclamar, protestar, etcétera, pero las reivindicaciones, por legítimas que sean, no pueden ni deben utilizarse para incumplir los deberes cívicos, síntoma evidente de una sociedad individualista e insolidaria.

En mi opinión, lo más grave del caso reside en la tolerancia colectiva ante actuaciones de franca ilegalidad. La sociedad suele mostrarse comprensiva y facilitadora de tales acciones, bien porque se conoce a personas que necesitan hacer algún trabajo extra bajo manga mientras cobran la prestación por desempleo para poder mantener a sus familias, o bien porque todo lo que implique adquirir mayores ganancias se ve, en el fondo, con buenos ojos. ¿Quién no ha escuchado a algún conocido alardear de lo que ha conseguido ahorrarse en impuestos por no declarar tal o cual ingreso, o quién no ha pedido que para ciertas labores domésticas no se le cobrara el IVA? Insisto, pues, en que lo más sangrante es la tolerancia exculpatoria hacia la economía sumergida e incluso la frecuente jactancia de su práctica. La falta de repudio social es, sencillamente, intolerable. Es más, no se trata sólo de individuos, sino que alcanza también el nivel institucional, como por ejemplo con la deuda hasta ahora oculta de las autonomías o facturas escondidas en los cajones: por ello hay que higienizar y empezar a jugar todos con las cartas boca arriba, con transparencia y compromiso.

Muchos la justifican en los trabajadores de rentas bajas como única forma de supervivencia. Puede entenderse dicha motivación, desde luego; pero conviene tener en cuenta que el fraude fiscal también se produce a gran escala por parte de personas de rentas altísimas cuyo objetivo no se cifra en pasar el mes, sino en enriquecerse más y más a costa de quienes sí pagamos impuestos.

Una cosa está clara: los más perjudicados por la economía sumergida son los que acatan la legalidad, los que cumplen religiosamente sus obligaciones fiscales. Los incumplidores consiguen mermar la recaudación, lo cual obliga al Gobierno, como le ha sucedido al actual, a aumentar los impuestos o a recortar el gasto público para poder afrontar el coste de todos los servicios sociales. Por tanto, el incremento de los ingresos procedentes del fraude fiscal tendría que haber constituido una medida previa a las mencionadas anteriormente.

En el debe y el haber del Gobierno central, su posición ante la economía sumergida no tendría que invitarle a sacar pecho, más bien lo contrario. El muy elevado nivel de economía sumergida supone una gravísima deficiencia del sistema social en términos políticos y económicos, pero también éticos y morales. Entre las primeras atribuciones del Estado ha de figurar la de asegurar el cumplimiento de la ley, obligación que no equivale a convertirse en regulador e intervencionista a ultranza, ni mucho menos. Aunque a algunos les pese, combatir la economía sumergida contribuye de forma poderosa al bienestar presente y futuro de todos los ciudadanos. La solidaridad, hay que recordarlo una vez más, nos afecta a todos.

Share This