Acceso al artículo de opinión

Es del todo irrelevante que lo acordado fuera de la legalidad sea positivo o no para Navarra y sus ciudadanos

Hace unas semanas se produjo un grave ataque a los Fueros de Navarra. Y no era la primera vez que ocurría. En esta ocasión, el Gobierno Central pactó con un partido político sin autoridad legal para negociar sobre Navarra, el PNV, en vez de con el Gobierno foral, sobre la transferencia de la competencia de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Navarra.

Como digo, no es la primera vez que esto sucedía. PSOE y PNV ya pactaron con anterioridad el traspaso de competencias de Tráfico a la Comunidad foral con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento al País Vasco.

Este asunto ha levantado mucha polvareda, y de hecho Institución Futuro firmó junto con otras cinco asociaciones de la sociedad civil navarra -Círculo de Navarra en Madrid, Consejo Navarro del Movimiento Europeo, Doble12, Asociación Cultural Pompaelo y Sociedad Civil Navarra- una declaración institucional en la que se recordaba que es el Gobierno de Navarra el que tiene potestad para negociar sus competencias de manera individual, sin necesidad de que otra comunidad autónoma o algún partido político lo haga en su lugar cuando se refiere a temas propios de la Comunidad foral.

Este no es un tema de matices, o de discusión. Se refiere a la legalidad o no de unas acciones y que está perfectamente estipulado en la Ley orgánica 13/1982, más conocida como Ley de Amejoramiento del Fuero. Tampoco se refiere este asunto al contenido de lo pactado: es del todo irrelevante que lo acordado fuera de la legalidad sea positivo o no para Navarra y sus ciudadanos. El punto de partida es que el acuerdo sea legal.

¿Pero qué hay detrás de estos pactos, que si se han realizado ya en varias ocasiones nada impide que se puedan volver a llevar a cabo? Desde nuestro punto de vista, plegarse a los intereses de otras regiones. El Gobierno de Navarra ha de representar legítimamente a todos los navarros, con la obligación legal y el deber político e histórico de defender los intereses de las instituciones forales; consentir que otros lo hagan en su lugar cuando se refiere a temas propios supone un desprecio por la foralidad y el autogobierno de nuestra comunidad.

Los partidos políticos que conforman el Gobierno de Navarra en este momento tienen ante los navarros la responsabilidad de defender el Amejoramiento y el Convenio Económico frente a ataques externos. La situación económica en la que nos encontramos, con una caída del PIB sin precedentes y la destrucción de tantos puestos de trabajo, exige unidad y consenso, alcanzando un gran acuerdo político para defender la singularidad y los intereses de Navarra.

Nos va a costar mucho salir de esta crisis, y lo último que nos interesa es que se ceda a representantes de otros territorios la negociación con el Estado en nombre de Navarra. De hacerlo de nuevo, será un enorme error que llevará a la Comunidad foral a la irrelevancia política y a la pérdida de sus fundamentos sociales, económicos e históricos más trascendentales.

José María Aracama Yoldi. Presidente del think tank Institución Futuro.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This

Suscríbete a nuestros boletines