Llevamos cinco años sin reformas y en el debate electoral han desaparecido los problemas de la industria, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento de alto crecimiento y cómo avanzar hacia una economía más sostenible. Seguimos centrando las cuestiones electorales en el ámbito económico, en el mercado de trabajo, en las pensiones y aparecen multitud de ofertas fiscales a la carta.
Los déficits de las administraciones públicas deberían suscitar un debate riguroso sobre estos desajustes permanentes entre el esfuerzo fiscal que realizamos los ciudadanos, los ingresos fiscales y los gastos públicos dirigidos a impulsar políticas de empleo, la oferta de bienes públicos, la renovación de infraestructuras y la redistribución. La deuda pública alcanza ya el 98% del PIB y representa una carga enorme para las siguientes generaciones que comienzan su andadura con una pesada mochila.
Trasladar deuda afecta a la equidad intergeneracional y representa, según sea la naturaleza de las obligaciones, una actuación muy egoísta, unos consumen hoy y otros pagan mañana. Seguimos sin cambiar las políticas de innovación y desarrollo tecnológico y digital, y nadie plantea ideas novedosas sobre cómo construir un ecosistema de la innovación y el emprendimiento donde se alineen mejor los intereses de sus principales protagonistas para mejorar el resultado obtenido.
Es cierto que la economía española transita por una favorable coyuntura económica. Se está beneficiando de nuevos vientos de cola que explican el escenario positivo de crecimiento económico para el próximo año. Los principales centros de estudios que constituyen el panel de Funcas estiman un crecimiento del 2,2 % para este año. El dato es bueno, el doble que la estimación para la zona euro. El consumo privado incrementa su ritmo de crecimiento, la inversión residencial se muestra muy activa y también la de bienes de equipo. La inversión extranjera manifiesta un comportamiento positivo vistas las incertidumbres que generan Italia y el Brexit, y el consumo público en época electoral se expande con más gasto y empleos. Los indicadores macroeconómicos son positivos; por eso, es el momento adecuado para centrar la mirada en los problemas de fondo y en los retos que plantea la economía española y que seguimos sin resolver.
La ausencia de debate sobre cómo abordamos la transición de una economía industrial que se sustenta en la aplicación de tecnologías en buena medida desarrolladas por otros, la utilización de herramientas de gestión convencionales y un escenario de costes reducidos del trabajo y el capital, resulta inquietante. El éxito del pasado, en un mundo con procesos de transformación intensos, no garantiza buenos resultados futuros. Una economía orientada a la innovación es un escenario muy distinto al de una economía construida sobre la utilización intensiva de recursos tangibles, basada en la disciplina de la fuerza laboral, rígidos controles de costes y salarios modestos, donde el seguimiento de las empresas líderes en sus mercados nos ha transformado en unos buenos implementadores e imitadores de productos y procesos diseñados, muchas veces, por otros.
Las claves del siglo XXI son distintas. La innovación en productos y procesos que generen más y más valor requiere del talento y compromiso de las personas. Se necesitan unas instituciones y organizaciones diferentes a las que tenemos. Hay que desarrollar competencias y comportamientos más activos y creativos que cuando se persigue la eficiencia y la imitación. Por ello resulta necesario abordar en serio una discusión sobre la política económica e industrial que necesitamos para situarnos en una nueva trayectoria de crecimiento. Hay que seleccionar un nuevo carril y no continuar por el viejo, si aspiramos a mantener nuestro bienestar.
•Es urgente identificar una visión del cambio centrada en la innovación y la mejora de la productividad como ejes para garantizar el crecimiento económico. Esta visión exige a todos, las administraciones públicas donde nada cambia desde hace mucho tiempo, las empresas que tienen dificultades para abordar la intensidad de las reformas y los ciudadanos, unas actitudes bien distintas hacia el cambio. Esta visión compartida es necesaria para abordar la complejidad de las transformaciones si se quiere conseguir que los ciudadanos expresen y mantengan su apoyo.
•Es necesario definir una política económica, regional, industrial y de la competencia, orientada hacia la innovación. Y ello implica establecer un conjunto de iniciativas, acciones, reglas e incentivos que permitan avanzar en la dirección que establece el horizonte final. Deben presentarse medidas concretas y creíbles que sirvan para atraer, hacer crecer, retener y facilitar el talento y conocimiento de las personas y las instituciones. La mejora de la educación profesional, continua y universitaria no es suficiente si luego no aprovechamos su contribución en las instituciones y empresas donde trabajan estas personas bien formadas.
•Se requiere de liderazgo del proceso por las instancias con más responsabilidad de la sociedad civil y del gobierno. Hay que aprender a cooperar y competir, a colaborar y defender los intereses propios sin cuestionar las iniciativas colectivas. Si cada uno va a su ritmo e interés, perderemos la mayoría. Hay que integrar y sumar.
En definitiva, parece necesario apostar por unas políticas públicas orientadas hacia la innovación que ayuden a realizar las transformaciones profundas que la economía y sociedad española necesitan para enfrentarse y ganar el futuro. Los goles de ayer no nos van a hacer ganar el partido del futuro.