Acceso al artículo

Los ciudadanos tenemos un amplio recorrido de mejora en competencias digitales y en concreto en las informacionales que son las necesarias para no ser víctimas de fake science y que no nos cuelen informaciones falsas o medias verdades, como es el caso del tema fiscal de Madrid.

 

Pocos años después de que algunos nos enteráramos de qué son las fake news y cómo funcionan, éstas ya forman parte de nuestro día a día y es habitual que anulen el debate de las ideas en pro de la polarización más visceral.

Las fake news son esas noticias falsas que, aun a sabiendas de su falta de verdad se difunden y, tomadas por ciertas por los receptores, producen una grave y progresiva desinformación en la sociedad. También existe la fake science y es tanto o más peligrosa que su hermana mayor. La fake science consiste en información científica cuestionable cuyos emisores difunden sin comprobar que es consistente. Las prisas y/o intereses encubiertos están habitualmente detrás de los casos. ¿Otros motivos? La mercantilización de la ciencia, la feroz dinámica en la producción de artículos o los anquilosados sistemas de difusión e impacto, en revistas y bases de datos, en ocasión también están detrás de casos de fake science.

Un buen número de las publicaciones o papers, asumidas como científicas y que han pasado por nuestras manos en esta época de pandemia no han estado validadas por métodos de peer review de calidad -revisión de expertos en la materia que acreditan el rigor de las investigaciones. Además, se han colado en los medios preprints -publicaciones que trascienden para ser enriquecidas por otros investigadores y que habitualmente tienen inestabilidades metodológicas- porque urge publicar (es el fenómeno publish or perish tan vigente en la investigación). La voracidad de las redes sociales ha hecho el resto.

El último caso sonado de fake science en el terreno económico ha tenido lugar con una información publicada por la OCDE en su informe “Inheritance Taxation in OECD Countries”. Varios medios de comunicación se hicieron eco de la publicación aludiendo a que esta institución internacional sostenía que Madrid era un “paraíso fiscal interno” que aplicaba una “tasa del 0%” en el impuesto de Patrimonio. Y que, gracias a esta bonificación, el número de personas ricas se habría disparado “en un 10% respecto otras regiones” durante los últimos cinco años. Es decir, la noticia era que una entidad tan reputada como la OCDE afirmaba que Madrid atraía riqueza con impuestos bajos. Imagínense la trascendencia de este posicionamiento.

La OCDE no tardó en aclarar que su informe únicamente citaba un estudio previamente publicado por el Instituto de Economía de Barcelona (un texto muy crítico con la política fiscal madrileña) y que el hecho de citarlo no reflejaba la opinión de la OCDE al respecto. Sin embargo, antes de que se realizara dicha aclaración, la información ya había inundado las redes y los medios. Con posterioridad, varios expertos echaron por tierra el artículo citado por la OCDE: el aumento de declarantes ricos no significa que sean nuevos ciudadanos atraídos por el paraíso fiscal madrileño, ya que muchos de ellos pueden ser ciudadanos que han aumentado su riqueza. Además, hay más factores que la fiscalidad para explicar el fenómeno del aumento de la riqueza de una región.

Si para un investigador con experiencia es difícil y laborioso validar una fuente, ¿qué pasa si todos podemos difundir rápida y fácilmente información por las redes y tendemos a no contrastar la información? Ocurren cosas como la que acabo de mencionar.

Hace unos días el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra y la Fundación Industrial Navarra publicaron un interesante estudio confirmando una idea extendida en algunos sectores: la población trabajadora navarra suspende en 15 de las 21 competencias digitales esenciales. En concreto el estudio constata un nivel bajo en las competencias del área de información (la media es 3,9 cuando un valor orientativo podría ser en torno a 6,6) en los trabajadores navarros independientemente de su nivel formativo. El estudio argumenta que estas competencias son “de extrema importancia: no sabemos obtener información relevante, ni filtrar ni evaluar el enorme caudal informativo que nos rodea”. No me cabe ninguna duda de que estos resultados pueden extrapolarse al resto del territorio nacional, lo que no resulta demasiado halagüeño para el tema que nos ocupa.

Los ciudadanos tenemos un amplio recorrido de mejora en competencias digitales y en concreto en las informacionales que son las necesarias para no ser víctimas de fake science y que no nos cuelen informaciones falsas o medias verdades, como es el caso del tema fiscal de Madrid. La pandemia del covid ha puesto de manifiesto la utilidad de la información científica como mecanismo contra la desinformación de los ciudadanos y como herramienta en la rendición de cuentas en la gestión de la crisis, pero no nos podemos fiar de todo lo que leemos y oímos. Potenciar nuestro criterio y sentido critico es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Isabel Larrión Langarica Documentalista e Investigadora del think tank Institución Futuro

Share This