La continuidad de los acuerdos y compromisos entre los agentes sociales es, en sí misma, positiva. Establece el diálogo como vía de gestión de nuestras disputas, alimenta la confianza cuando nos enfrentamos a un escenario cada vez más incierto y difícil, fomenta la búsqueda de soluciones entre muchos a los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad y estimula el diseño de soluciones nuevas a los desafíos del futuro.
Pero los riesgos de una agenda de cuestiones tan ambiciosas son elevados. El más importante es que los acuerdos se transformen en un mero catálogo de buenas intenciones y declaraciones positivas: un llamamiento a la moderación y al dialogo, de búsqueda de soluciones contemporizadoras, junto con una dosis adicional de bienintencionadas palabras sobre la igualdad, la seguridad en el trabajo, la responsabilidad social, la importancia de la innovación en la empresas y los sectores emergentes. Pero realmente sin encontrar propuestas novedosas que ayuden a reformar en profundidad las estructuras más anquilosadas de nuestro sistema educativo, universitario, de investigación, empresarial, laboral y administrativo.
Además, los objetivos del acuerdo entran de lleno en competencias que exceden las relaciones estrictamente laborales que se discuten entre empresarios y trabajadores, y abordan un conjunto de cuestiones políticas y sociales de indudable calado y que presumiblemente tendrán contrapartidas en el campo de las políticas públicas. Así pues, el peligro adicional reside en acordar que los cambios deben ser protagonizados y financiados por el sector público mediante el aumento de las partidas presupuestarias de casi todo, en vez de que el sector privado asuma un papel más relevante y comprometido.
El excelente periodo de crecimiento económico que hemos disfrutado en España y Navarra en los últimos diez años ha hecho más sencillo el conservadurismo y la prudencia de los agentes sociales y el retraimiento de los políticos a la hora de ofrecer impulsos transformadores en nuestra sociedad. A pesar de la retórica al uso, en España seguimos gastando más en lotería que en I+D, en despidos que en formación de los empleados, y mantenemos nuestro peculiar esquema de moderación salarial, que consiste en negociar incrementos de retribución sobre la base de la previsión de inflación del gobierno junto con una cláusula de adaptación a la posterior inflación real. Todo ello se antoja bien alejado de los resultados de productividad de las empresas y con efectos directos sobre el componente inducido de la inflación.
Pero el escenario está cambiando de forma rápida. Sin abordar en serio transformaciones en profundidad, los problemas de las relaciones laborales y de la competitividad de las empresas resultarán cada vez más graves y acuciantes. En el actual escenario económico, o avanzamos rápidamente con unos acuerdos valientes que nos ayuden a desarrollar un fuerte impulso reformador de actitudes, conductas y estructuras tanto en el sector público como en el privado, o nuestra economía no estará bien preparada para enfrentarse a los nuevos envites de la competencia.