Nueva Gestión, semana del 2 al 16 de octubre de 2006
Ana Yerro, Institución Futuro
Hace unos días el abogado Antonio Garrigues Walker impartía una conferencia sobre el liberalismo en España. Entre otros asuntos, comentaba su estupor al comprobar que el sistema educativo español no es eficiente, lo que según él compromete en gran medida el futuro económico del país.
Pretender que la competitividad empresarial mejore cuando las generaciones venideras no están bien preparadas resulta poco realista.
El debate sobre la educación en España no es fácil. Precisamente porque afecta a muchos agentes sociales, parece imposible encontrar el consenso entre todos los implicados. Hay sin embargo un aspecto en el que todos los políticos y ciudadanos parecen estar de acuerdo: se ha de conseguir la “calidad educativa”. Los estudios PISA, que analizan los resultados académicos de más de cuarenta países, arrojan desde 2000 los mismos datos sobre España: en áreas como matemáticas y comprensión lectora, nuestro país está en el furgón de cola. Si nos comparamos con el Estado, Navarra parece ser una comunidad privilegiada, pues el porcentaje de abandono escolar prematuro se encuentra entre los más bajos, 17 por ciento, mientras que para el conjunto español es de 30 por ciento. Pero no por ello se debe caer en la autocomplacencia.
Culpar de la situación al profesorado, a las familias o al Gobierno de turno es tarea fácil, pero no lo es tanto proponer soluciones. El Premio Nobel de Economía Milton Friedman señala desde hace años que la forma de mejorar la calidad de la enseñanza pasa por establecer el sistema del cheque escolar. Consiste en que el Estado asegura la gratuidad de la enseñanza obligatoria financiando a los estudiantes, no a los centros educativos. Cada estudiante recibe del Gobierno un bono por el valor del coste medio del puesto escolar en la enseñanza pública. Las familias tienen entonces la libertad económica suficiente para elegir el centro de enseñanza que más se adecue a sus gustos, ya sea público o privado. Con este modelo liberal, el Estado desempeña un papel mucho menor, pues tan sólo establece los objetivos educativos, se encarga de la formación del profesorado y ejerce de árbitro en las posibles disputas que se planteen. El sistema ya se ha implantado en varios estados de Norteamérica y, en Europa, Suecia lidera la tendencia. En España, el Ayuntamiento de Valencia lo emplea para la escolarización infantil.
Otorgando libertad de elección se atenúan las desigualdades actuales: ahora sólo el que cuenta con los recursos económicos suficientes tiene verdadera capacidad de elegir centro. Además, el cheque puede mejorar la calidad de la enseñanza. No en vano, la liberalización de cualquier sector lleva asociada el impulso de la competencia. Si los centros tuvieran que competir entre sí, se esforzarían por mejorar su calidad porque sus estudiantes no están asegurados.
Es obvio que con este método se corre el riesgo de que algunos centros públicos cierren. Éste parece ser el temor de muchos gobiernos que no se han atrevido a instaurarlo. En un sistema de libre mercado sólo sobreviven los realmente competitivos, pero ¿no es eso precisamente lo que se busca, que la enseñanza sea de calidad?
Merece la pena preguntarse si queremos que sólo el Estado ostente el derecho de educar a las personas, como viene haciendo hasta ahora, o si por el contrario deben ser las familias las que decidan el centro escolar de sus hijos. No está claro que el cheque escolar sea el mejor sistema para mejorar la calidad, pero habría que tenerlo en cuenta en el debate sobre educación. Hago un último apunte sobre su eficiencia: Suecia, que lo estableció hace años, ocupa el séptimo lugar en el estudio PISA en lo que a lectura se refiere, y España, el 23. Quizá su modelo de enseñanza más liberal tenga algo que ver.
Institución Futuro
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