De un tiempo a esta parte el término de sociedad civil aparece cada vez con más frecuencia en el discurso público. De todas las definiciones que he leído sobre ésta, la que considero más exacta es la que define sociedad civil como "el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado".
Es decir, que la sociedad civil la componen las personas que se preocupan por las decisiones de los políticos y, en la medida de lo posible, intervienen en ellas. ¿Pero realmente creemos que en nuestro país existe una sociedad civil activa, que se preocupa por las políticas públicas? O, por el contrario, ¿formamos parte de unos ciudadanos pasivos, desencantados con la clase política pero sin actitud proactiva para el cambio?
Un aspecto en el que claramente se pone de manifiesto lo que considero una gran pasividad de la sociedad civil es el tema fiscal. En España y en Navarra, el Estado recauda ingresos fiscales mediante una amplia variedad de fuentes. La renta de las personas, los salarios, la renta de las personas jurídicas, las rentas del capital, etc. son objeto y fuente de los ingresos fiscales de la Administración. La justificación básica de esta actuación fiscal radica en alterar la distribución inicial de la renta de los individuos para conseguir una distribución de los recursos que la sociedad considera más equitativa. Esta redistribución adopta la forma de programas sociales o actuaciones públicas en la educación y la sanidad, o prestaciones por desempleo, etc. El poder para recaudar impuestos es básico para el Estado ya que, sin la capacidad para recaudar dinero, éste no podría funcionar.
¿Pero son conscientes los ciudadanos y contribuyentes de cuánto nos cuesta esa recaudación fiscal? ¿Saben cuál es el precio del Estado para la sociedad? El concepto de Día de la Liberación Fiscal, término muy popular en el mundo anglosajón, donde se conoce como Tax Freedom Day, ayuda a aclarar estas cuestiones. El día de la Liberación Fiscal es el primer día del año en el que ciudadanos y empresas han ganado suficiente dinero para satisfacer sus obligaciones tributarias. Esta forma de interpretar la presión fiscal está ayudando mucho a los ciudadanos de varios países del mundo a ser más conscientes de los temas fiscales. Siguiendo el ejemplo de varios think tanks internacionales que llevan a cabo esta iniciativa, Institución Futuro no ha querido quedarse atrás a la hora de implementar esta idea. Hemos calculado que en 2008 los españoles trabajamos 129 días para cumplir con nuestras obligaciones tributarias, de modo que el 9 de mayo pudimos celebrar el día de la Liberación Fiscal.
Estoy convencido de que muchos ciudadanos desconocían este hecho y que, al percatarse, el dato les habrá dado que pensar. Institución Futuro pretende con esta iniciativa concienciar a la sociedad civil de que los servicios públicos no son gratuitos, sino que se financian normalmente con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y esos impuestos implican una aportación personal y una renuncia al consumo individual para soportar la acción pública. Nuestros impuestos y el gasto público que financian alteran la distribución de la renta de una sociedad, tratando de corregir las desigualdades sociales más rotundas. Esta redistribución se produce mediante el cambio en la proporción de la renta disponible de los distintos grupos de la sociedad. Por ello merece la pena que recordemos a los gobernantes que los ciudadanos y empresas son quienes generan riqueza y pagan los impuestos para financiar el gasto público y definir una sociedad más justa resulta valioso.
Desde Institución Futuro pensamos que unos ciudadanos informados y conscientes de sus obligaciones y deberes cívicos serán más responsables y exigentes con el uso que se realiza de esos recursos públicos. Con esa actitud proactiva, además de ciudadanos pasarán a formar parte de la ya mencionada sociedad civil.