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El Gobierno de Navarra aprobó el pasado 15 de noviembre de 2019 en sesión extraordinaria tres decretos forales relacionados con diversas medidas fiscales. Los citados decretos fueron admitidos a trámite en el Parlamento de navarra el 20 de noviembre y en diciembre se debatirán entre los diferentes grupos parlamentarios.

En su afán de aportar luz sobre un tema tan técnico, y dada la importancia y el gran impacto de la fiscalidad sobre individuos y compañías, Institución Futuro ha realizado un análisis de los decretos forales, para a continuación pasar a valorarlos.

La principal conclusión sobre el Proyecto de Ley Foral de Modificación de Diversos Impuestos y Otras Medidas Tributarias es que esta ley apenas contiene normas de calado importante, puesto que la mayoría de ellas son correcciones de tipo técnico y las normas que más repercusión pueden tener se han llevado a parte en otros dos proyectos de ley separados: deducción en el IRPF por maternidad y paternidad para los periodos 2015 a 2018 y exención en el Impuesto sobre el patrimonio de las llamadas empresas familiares.

No obstante, se pueden resaltar cuatro medidas:

Deflactación de la tarifa un 2%. Esta medida afecta a la mayoría de los contribuyentes y trata de corregir el efecto que la inflación puede tener en las rentas que se gravan en el impuesto, especialmente las de trabajo. La subida nominal de salarios puede producir un mayor gravamen que no se corresponde con la subida real de las rentas, y esto es lo que se trata de corregir. Por ello, la medida es bienvenida, pero se echa en falta, como mínimo, un porcentaje mayor que el 2%, pues la inflación acumulada lo es (alrededor del 5%), y una deflactación también de otras cuantías del impuesto (tarifa del ahorro, reducciones y deducciones). Ahora bien, podría haberse aprovechado la modificación anterior no solo para deflactar la tarifa general, sino para modificar las tarifas actuales, de las más altas de toda España, volviendo a las originales del 2015, donde los tipos marginales (48% máximo) eran ya suficientemente elevados.

Aumento de un 10% de la deducción por I+D cuando los trabajos se realicen por agentes de ejecución del Sistema navarro de I+D+i. En este sentido, es de valorar toda ampliación del incentivo a la I+D+i en Navarra.

Eliminación de la deducción del 20% por aportaciones a entidades de capital riesgo, tanto en IRPF como en Impuesto sobre Sociedades. Esta medida elimina un importante incentivo a la participación en capital riesgo, que no olvidemos es un instrumento importante para inyectar capital tanto en empresas incipientes e innovadoras, como en otras más consolidadas que necesitan crecer o internacionalizarse. Por tanto, esta medida nos parece negativa, máxime cuando en otros territorios (Vizcaya y Álava) se está incentivando el apoyo a la inversión empresarial a través de fondos de inversión y fondos de capital riesgo europeos.

Disminución de los recargos por ingresos correspondientes a presentación voluntaria y extemporánea de declaraciones tributarias. También es de valorar esta medida que solo puede contribuir al cumplimiento voluntario del sistema tributario, que debe ser uno de los pilares fundamentales de un sistema fiscal moderno.

Así, se echa en falta haber utilizado la norma para corregir y revertir algunas situaciones que han producido en los últimos años una peor fiscalidad en Navarra y un deterioro de nuestra competitividad fiscal, especialmente con el País Vasco, y capacidad para atraer inversiones y empleo. Bien es cierto que se han anunciado por el gobierno futuros cambios fiscales en materia de tributación de las familias y rentas del trabajo en el IRPF y en materia de Sucesiones y donaciones. A la espera de ello, se debería reflexionar sobre la tributación general en Navarra respecto de otros territorios y la necesidad de recuperar la competitividad fiscal que tan buenos resultados ha dado tradicionalmente en términos de inversión, empleo y recaudación tributaria, y en particular sobre:

  • Tributación en el IRPF de familias, descendientes y personas mayores, rentas del trabajo y trato del ahorro mobiliario e inmobiliario y, en especial de planes de pensiones.
  • Tipos nominales y tipos mínimos del Impuesto sobre sociedades y exención por reinversión.
  • Medidas de captación de fondos para la inversión en proyectos de innovación y emprendimiento.
  • Medidas de atracción y retención del talento.
  • Medidas de favorecimiento de la internacionalización.
  • Retorno a la fiscalidad anterior de sucesiones y donaciones.
  • Mejora de la tributación mínima en el Impuesto sobre el Patrimonio (escudo fiscal).

Sobre el proyecto de ley que establece una nueva deducción, aplicable únicamente en el periodo 2020, por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre los años 2015 y 2018 cabe decir que éste pretende solucionar el problema que se había originado acerca del tratamiento tributario de estas prestaciones en los años todavía no prescritos, respecto del que se había generado una polémica social y también doctrinal, y que ya ha tenido algún pronunciamiento jurisdiccional rechazando la aplicación de la exención.

De la redacción de la nueva deducción se puede adivinar que la intención del proyecto es zanjar la polémica mediante un mecanismo nuevo que, evitando una aplicación retroactiva de la exención, suponga una llegada de fondos a determinados contribuyentes, en función de sus rentas, que compense o atenúe la tributación que en su momento produjo la declaración de estas prestaciones.

En definitiva, una solución que pretende atender determinadas demandas del colectivo reclamante, que las atiende en parte pues no se aplicará a todas las personas y tampoco en las mismas cuantías que la exención, que seguramente minimiza los problemas de retroactividad y seguridad jurídica, y cuyo futuro quedará pendiente de la última palabra de los tribunales de justicia respecto de la exención.

Ahora bien, si esta solución parece adecuada para solventar un problema enmarañado, hay que destacar que solo tiene en cuenta los ingresos, no el número de miembros de la unidad familiar, lo que deja a las familias con más miembros en clara desventaja. No parece razonable que, por ejemplo, una familia con ingresos de 105.000 euros y tres miembros sea tratada de la misma forma que otra con los mismos ingresos y seis hijos.

Y, en cualquier caso, la solución a una situación anterior en la que la aplicación de la exención era discutible, mediante el establecimiento de una deducción, no debiera impedir establecer en el proyecto de ley la exención de estas prestaciones de cara a futuro.

Por último, la valoración sobre el proyecto de ley cuyo objeto es restablecer la exención de los bienes y derechos afectos a actividades económicas, así como de las participaciones en entidades que realicen actividades económicas y que cumplan con una serie de requisitos recogidos en la citada norma, cuyo cumplimiento las califica coloquialmente como “empresas familiares”.

Tras varios años de deducción parcial, y por tanto de gravamen parcial, de dichos bienes y participaciones en el Impuesto sobre el patrimonio, se vuelve a la situación de exención total y no gravamen de estos bienes y participaciones que sirven a la actividad económica y con los que, por tanto, se genera riqueza, inversión y empleo. La norma restablece un tratamiento que es el que se otorga en el resto de España y Europa, corrigiendo así el dudoso honor de ser el único lugar en la Comunidad europea donde se gravaban estos bienes.

La valoración, por tanto, de este proyecto de ley es muy positiva, pues se da un tratamiento justo y adecuado a los bienes y participaciones en empresas familiares, generadoras de riqueza y empleo y de arraigo al territorio, evita la discriminación que actualmente sufrían las empresas familiares en Navarra respecto del resto de territorios, y supone la eliminación de un claro incentivo a la deslocalización del empresario familiar.

En otro orden de cosas, se echa en falta aprovechar este proyecto de ley para corregir otras diferencias importantes con el País Vasco y resto del Estado, como son la cuantía del mínimo exento en el impuesto y la mucho más elevada tributación mínima de este tributo respecto del resto de territorios (el llamado escudo fiscal).

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