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Navarra es la segunda región con mayor porcentaje de alumnos en centros privados-concertados, solo superada por el País Vasco.

Nadie puede poner en duda que nos encontramos en un momento complicado. La pandemia nos está poniendo a prueba en lo sanitario y en lo económico. Hay muchas familias destrozadas por la pérdida de seres queridos, o por la pérdida de su sustento, o por ambas situaciones, dramáticas en cualquier caso. La población vive momentos de total incertidumbre, aderezados por las diferentes medidas que cada pocos días aprueban las CCAA.

En este contexto, el gobierno de Sánchez quiere aprobar antes de final de año una nueva ley de educación, la Lomloe -también conocida como ley Celaá- a la que PSOE y Podemos han presentado 117 enmiendas conjuntas, y Podemos 54 en solitario. Sin negar la importancia y la necesidad de realizar reformas estructurales en nuestro sistema educativo, llama la atención que la educación concertada vuelve a estar en el punto de mira, más todavía en el momento actual.

Las enmiendas citadas parecen ir encaminadas a incrementar el número de plazas públicas, socavar la complementariedad de redes pública y concertada, suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas o aumentar el control de la Administración en el proceso de admisión de alumnos.

¿Pero por qué ese interés de PSOE y Podemos de minimizar a la concertada? ¿Existen causas objetivas que lo justifiquen? En Institución Futuro hemos estudiado el caso de Navarra, analizando la concertada desde tres ángulos: la libertad de elección de las familias, la calidad de la educación concertada y su coste.

Hemos confirmado, en primer lugar, que Navarra es la segunda región con mayor porcentaje de alumnos en centros privados-concertados, solo superada por el País Vasco. El porcentaje del 33,7% del curso 2018-2019 aumenta significativamente cuando existe oferta suficiente, como es el caso de Pamplona y comarca, donde la cifra de estudiantes en centros concertados se incrementa hasta el 43%. Es decir, donde es posible elegir, prácticamente la mitad de los ciudadanos escoge la enseñanza concertada.

Además, sus resultados académicos están por encima de la media española. Así lo confirma el último informe PISA, que demuestra también que los alumnos navarros de centros concertados obtienen mejores resultados que los de los centros públicos. Otro indicador relevante es la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad): tanto en porcentaje de alumnos matriculados en 2º de Bachillerato que aprueban la antes llamada selectividad, como en aprobados sobre presentados, la concertada obtiene resultados superiores a la pública. Igualmente, las cifras de abandono escolar, absentismo y de alumnos repetidores son muy bajas en la enseñanza concertada

En cuanto a los costes, comprobamos que los de la concertada representan menos de una cuarta parte del presupuesto ejecutado del departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Para la Administración el coste por alumno de la concertada asciende a 3.500 euros, frente a los casi 6.000 euros de la pública.

La Cámara de Comptos realizó en 2018 una comparativa del gasto para la Administración de un centro público y otro concertado, de similares características, de la comarca de Pamplona. El resultado del gasto total por cada grupo en el curso 2016-2017 fue de 118.000 euros en centro público, y de 75.000 en el concertado, es decir, un 36% menos.

Ese mismo informe de la Cámara de Comptos concluía que los conciertos educativos son un elemento fundamental de la enseñanza no universitaria pues permiten asegurar la prestación del servicio de educación en Navarra.

En definitiva, si los centros concertados son elegidos por buena parte de la población, poseen una buena calidad educativa, son sustancialmente más económicos y la Cámara de Comptos los considera fundamentales es difícil de entender que las leyes educativas futuras vayan encaminadas a ahogar a la concertada. Y la Lomloe va en esa dirección, en convertirlos en centros subsidiarios de la pública, cuando por ley las redes públicas y concertadas son complementarias.

Tampoco puede obviarse el contexto actual, donde la reducción de ingresos que están sufriendo las administraciones las lleva a endeudarse para poder cumplir con las obligaciones presupuestarias. Este hecho no puede significar carta blanca para incrementar gastos sin control, muy al contrario, debería ser el detonante de eliminar gastos innecesarios y, en este caso, minimizar a la concertada supondría un gasto injustificable. En Navarra, suprimir la concertada tendría un sobrecoste de cerca de los 100 millones de euros anuales para las arcas forales.

La nueva ley de educación merece una profunda reflexión que por desgracia no puede darse en estos momentos dada la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. El debate de la reforma educativa, totalmente ideologizado, además incluye otro aspecto polémico: el que el español deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza. Estos aspectos y la polémica que se genera en torno a ellos restan importancia a lo que de verdad importa ahora: que todos los alumnos obtengan la mejor educación posible en un entorno seguro. Todo lo demás son fuegos de artificio.

José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro

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