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En las últimas semanas están siendo noticia los presupuestos generales, tanto los de España como los de Navarra. Y no es para menos. Los presupuestos de cualquier Administración reflejan una parte sustancial de la acción de gobierno y suponen tomar decisiones sobre costes de oportunidad: dados unos recursos, dedicarlos a cualquier partida presupuestaria supone que los mismos no podrán dedicarse a otros fines. Los presupuestos muestran también el signo político e ideológico de quienes ocupan el Gobierno.

La crisis económica derivada del covid-19 está haciendo que la recaudación fiscal baje, tanto en España como en Navarra. El departamento de economía y hacienda foral ya ha anunciado una caída de ingresos para este año del 13,3%, lo que equivale a 538 millones de euros, corrigiendo así la previsión inicial de reducción del 20%. Estas previsiones hacen dudar sobre si los Presupuestos Generales de Navarra de 2021 -en los que ya se están empezando a trabajar, sobre todo en decidir el techo de gasto- van a poder sostenerse.

El Gobierno de Navarra no se ha planteado modificación alguna sobre los de 2020, argumentando que las cuentas cuadrarán acudiendo al endeudamiento –recién acordado con el Gobierno central un déficit del 2,6%, unos 500 millones de euros- y a los fondos europeos de recuperación. Esta decisión parece difícil de justificar, sobre todo de cara a 2021, porque las previsiones parecen demasiado optimistas: es obvio que los ingresos serán inferiores a los de los Presupuestos de 2020. Existen por tanto solo dos vías para que las cuentas cuadren el año que viene: o ajustar gastos o incrementar ingresos.

Por la vía de los ingresos, parece que por ahora no se vislumbra aumentar la presión fiscal a las empresas, aunque algunos grupos parlamentarios reclaman gravar las rentas más altas no afectadas por la crisis. Así que el único camino factible sería priorizar el gasto, reasignar partidas y focalizar el esfuerzo en las áreas más prioritarias, desestimando todo aquello que no sea realmente necesario.

A este respecto, el Plan Reactivar Navarra, tal y como se presentó en agosto, no parece que vaya a ayudar en este ámbito, dado que la elevada cantidad de medidas propuestas y la variedad de las mismas hace difícil que el plan pueda cumplir con su misión de paliar las consecuencias de la crisis provocada por el covid-19. Además, mezcla objetivos económicos y políticos, lo que no tiene demasiado sentido dada la urgencia de la situación.

Tampoco parece que la proposición de ley aprobada en el Parlamento contra las deslocalizaciones de empresas mediante la devolución de las ayudas públicas que las compañías hayan recibido los diez años anteriores vaya a ser útil para incrementar los ingresos. Muy al contrario, esta medida, que supone desconocer por completo el mundo empresarial, desincentivaría la atracción de nuevas inversiones y pondría a Navarra en una posición poco atractiva respecto al resto de regiones españolas para la instalación de tejido productivo. No se puede obviar que la empresa privada es la que genera riqueza y puestos de trabajo.

No es la primera vez que desde Institución Futuro hablamos de racionalización del gasto público, de sacarle chispas a cada euro ingresado por la Administración, de rediseñar y repensar una estructura pública que cada año asume un mayor gasto de personal que no puede reducirse cuando vienen mal dadas. Si algo nos proporciona esta desgraciada crisis del coronavirus es la oportunidad de repensar los Presupuestos Generales de Navarra desde la vertiente de los ingresos y de los gastos.

Lo que está claro es que la recuperación económica va a depender de la evolución epidemiológica, pero después de un verano tan peculiar, y con España liderando la segunda ola de la pandemia, no parece que al menos a corto plazo la economía navarra vaya a remontar. Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúan la caída del PIB foral en 2020 entre el 11,2 y el 13,5% y recuperación entre un 5,4% y un 4,8% en 2021.

Nos jugamos mucho con los presupuestos. El objetivo debería ser el de obtener el mayor consenso posible, siendo realistas con los ingresos previstos y con la situación económica que tenemos por delante (olvidándonos de lo que se llamó crisis en V) y pensando, para variar, en el contribuyente.

José León Taberna Ruiz, Miembro del consejo de gobierno del think tank Institución Futuro

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