A propósito del referéndum promovido por la Generalitat y el Parlament de Cataluña, previsto para el próximo 1 de octubre, y debido a las previsibles y nefastas consecuencias que la eventual secesión de Cataluña de España puede acarrear tanto para dicha comunidad autónoma como para el resto de comunidades españolas, incluida Navarra, Institución Futuro se ha visto en la obligación de realizar una declaración institucional.
La historia de España durante las cuatro últimas décadas se ha caracterizado, entre otros rasgos, por ofrecer a la ciudadanía un panorama generalizado de paz, concordia y libertades públicas- posibilitado por un marco constitucional consensuado por toda la sociedad española, incluida la catalana- causante de que en la actualidad gocemos de unas cotas de bienestar y autogobierno nunca alcanzadas. Además, el futuro de España resulta, sin lugar a dudas, prometedor dentro del marco europeo frente a otros países que han decidido alejarse de la UE.
Aunque una parte de la ciudadanía catalana mantiene posiciones y actitudes contrarias al actual encaje jurídico, administrativo y político de Cataluña en España, dicho malestar no justifica, en ningún caso, la ruptura unilateral del ‘statu quo’ y de la legalidad vigente, que debemos cumplir todos los españoles sin excepción.
La forma de resolver dicho descontento y reivindicación debe basarse en el diálogo político enmarcado en los límites fijados por la ley –y que ha estado a disposición de los separatistas sin que estos hayan querido hacer uso de ella- y no en dinamitar la democracia constitucional. Le corresponde al Gobierno central hacer cumplir la ley y exigir responsabilidades a sus infractores; de lo contrario, se estará poniendo en peligro el Estado de Derecho. Como se ha indicado anteriormente, todos estamos obligados a cumplir la ley, incluida la Generalitat. Existe el riesgo añadido de que el 1-O pueda producir, por imitación, estrategias separatistas en otras comunidades autónomas, incluida Navarra.
La “cuestión catalana” ha dejado de ser solo un problema político, para ampliarse, nocivamente, a la esfera social –con una sociedad catalana dividida y polarizada- y a la esfera económica –la actividad económica requiere seguridad jurídica para que pueda florecer. A este respecto, no se puede obviar que Cataluña aporta a España alrededor del 20% del PIB. Asimismo, la imagen que desde el extranjero se está transmitiendo de nuestro país está resultado perjudicial en muchos aspectos.
Aunque no se han estudiado en profundidad las consecuencias jurídicas y económicas que tendría para Navarra una posible secesión de Cataluña, no cabe duda de que éstas serían nefastas para muchas empresas forales que poseen una gran actividad en dicha comunidad autónoma.
Una vez atajado el problema inmediato del referéndum ilegal, habrá llegado el momento de consensuar determinadas reformas constitucionales que podrían afectar no solo a Cataluña. Hasta entonces, desde Institución Futuro no podemos sino denunciar la actual campaña fomentada por la Generalitat de desobediencia civil y lamentar que determinadas instituciones ajenas a Cataluña se hayan posicionado públicamente a favor del referéndum ilegal. Desde aquí, nuestro apoyo a aquellos catalanes que sí creen en el consenso constitucional de 1978.