La polémica medición de la transparencia de los parlamentos españoles

La polémica medición de la transparencia de los parlamentos españoles

El gráfico de la semana 133
8 de marzo de 2017

Transparencia Internacional (TI) presentó recientemente la segunda edición del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR). Sus resultados no estuvieron exentos de polémica. ¿Por qué? Algunas cámaras no parecen estar conformes con la metodología empleada por TI. Vayamos por partes.

 

 

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133 | 8 de marzo de 2017

 

 

La polémica medición de la transparencia de los parlamentos españoles

Transparencia Internacional (TI) presentó recientemente la segunda edición del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR). Sus resultados no estuvieron exentos de polémica. ¿Por qué? Algunas cámaras no parecen estar conformes con la metodología empleada por TI. Vayamos por partes.

El IPAR incluye 80 indicadores que miden el nivel de transparencia de los Parlamentos autonómicos, Congreso y Senado, en seis grandes áreas. La metodología empleada para dicha evaluación permite a los parlamentos conocer de antemano (en este caso, desde principios de octubre de 2016) qué indicadores se van a medir (estos han variado desde la edición de 2014). Con posterioridad, TI envía a los parlamentos un cuestionario prerelleno con un resultado provisional, de manera que cada uno de ellos pueda rectificar, corregir e indicar a TI si ha habido algún fallo. Aquí se puede encontrar en detalle la metodología empleada.

Con este proceso en mente, aquí están los resultados del IPAR 2016 comparados con los de hace dos años. Se comprueba que el nivel general de transparencia de los parlamentos ha mejorado, al pasar de una nota media de 64,1 en 2014 a un 82,2 en 2016. Destaca también cómo algunos parlamentos que en 2014 tuvieron malos resultados (Madrid, puesto 16, y Canarias, puesto 18), han pasado al primer y segundo lugar en 2016. Destaca, en este caso de manera negativa, que el Parlamento de Navarra haya caído del 2º al 16º puesto y el de Aragón, del 4º al 18º. Se da el caso que algunos parlamentos han mejorado su puntuación y, sin embargo, han caído en el ranking al compararse con otros parlamentos, como el parlamento de Andalucía.

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Los resultados detallados demuestran que la nota media en todas las áreas ha mejorado. El Derecho de Acceso a la información presenta la puntuación más baja (68,7), y el área de Información sobre el Parlamento, la más alta (90,6).

 

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Los resultados detallados de Navarra prueban la caída en todos los indicadores, no solo en la puntuación obtenida, sino en la posición relativa frente a otros parlamentos autonómicos.

 

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¿De dónde ha surgido la polémica con Transparencia Internacional? La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) se reunió en noviembre del año pasado y preparó un documento para TI con una serie de consideraciones, indicando que algunos indicadores eran nuevos, que otros eran específicos de las Administraciones Públicas y no de los parlamentos autonómicos... Una vez presentados los resultados, la presidencia del Parlamento de Navarra lanzó un comunicado destacando su preocupación y malestar por la evaluación que un organismo privado realiza de los parlamentos, "con parámetros no aplicables a estas instituciones".

Frente a estas consideraciones, Transparencia Internacional ha publicado la siguiente nota:

"Ante la opinión expresada desde algún parlamento disconforme con el sistema de evaluación del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), aduciendo que los indicadores incluidos en este Índice (que inició TI-España en 2014) no son específicos ni exigibles legalmente a los Parlamentos, cabe señalar que efectivamente los indicadores incluidos en este Índice van más allá de las exigencias legales específicas que han de cumplir los parlamentos (cuyo control legal puede hacerse desde otras instituciones públicas), por lo que Transparencia Internacional España, como representante de la sociedad civil, incluye en este Índice un conjunto más amplio de indicadores, que deberían cumplir todas las instituciones públicas (incluidos los parlamentos) y que abarcan así otros datos e informaciones que aunque no son obligatorios legalmente, responden a las necesidades y el derecho a saber de los ciudadanos, y de una sociedad que exige y necesita estar cada vez más informada de las actividades, destinos de los recursos, relaciones con la ciudadanía, etc, de las instituciones parlamentarias, en línea con el concepto exigible de Parlamentos abiertos en una sociedad madura y participativa como la actual, y que ya han asumido claramente la mayoría de los parlamentos".

Juzguen ustedes mismos.

 

 
 

 

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