“La evidencia disponible indica que los Servicios Públicos de Empleo (SPE) españoles juegan un papel marginal en la creación de nuevas relaciones de empleo. Tan sólo un 2% de las personas que iniciaron su trabajo en 2012 reconoce haber tenido alguna relación con el SPE que ayudara en el proceso de creación de la relación de trabajo. España ocupa la posición más baja entre los países miembros de la OCDE”.
No lo decimos nosotros, lo dice Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del informe “El reto de la inserción de los desempleados de larga duración”, publicado por Fedea. El estudio pone de manifiesto cómo frente al más del 16% de participación de los SPE en países como Eslovenia, Luxemburgo o Suecia, España se encuentra a la cola en lo que a colocación se refiere a través de los servicios públicos.
El mismo informe aporta datos por Comunidades Autónomas, comparando el 2008 con el 2015. Los resultados son devastadores. Ningún SPE ha mejorado en el tiempo su participación en la ayuda a encontrar empleo a desempleados. Ninguna región supera en 2015 el 5%.
Institución Futuro elaboró en 2015 un informe en el que se incluía una encuesta a 90 empresarios de la Comunidad Foral. Preguntados sobre qué vías utilizaban para contratar nuevos trabajadores, solo un 6,7% afirmó que lo hacía a través de los SPE.
Con todos estos datos en mente parece claro que, al menos en la actualidad, la función de los SPE en España no pasa por ayudar a la colocación. ¿Merecería la pena repensar su función? ¿Los Servicios Públicos de Empleo han de poder ayudar a colocar directamente? ¿O su utilidad debería radicar en mejorar la cualificación de los desempleados para que estos tengan capacidades para ser sus propios agentes en la búsqueda de empleo? ¿O una mezcla de ambas?