Dentro de la línea de investigación sobre sanidad, la obra proporciona una visión general del mercado del medicamento en España, así como de las políticas utilizadas para controlar el crecimiento del gasto.
El análisis del mercado del medicamento en España indica que son necesarias medidas de reforma estructural que impliquen a todos los agentes del sector.
Ésta es la principal conclusión que se desprende del último informe del think-tank Institución Futuro (IF), dedicado a analizar las características del mercado farmacéutico en España y las políticas desarrolladas para controlar el gasto. El trabajo, realizado por el investigador de Institución Futuro Fernando San Miguel, identifica también posibles mejoras en el control del gasto, de acuerdo con criterios de coste-efectividad y apoyado en las opiniones de expertos.
Las cifras más recientes revelan que casi un cuarta parte del gasto sanitario en España se dedica a la financiación de los medicamentos, lo que le sitúa, en términos relativos, entre los países de Europa con un nivel de gasto farmacéutico más elevado. Este hecho se debe sobre todo a la gran cantidad de medicamentos que se consume en nuestro país, puesto que los precios son relativamente bajos (salvo en el caso de los fármacos nuevos), debido al control de precios existente.
Fernando San Miguel afirma que “el envejecimiento de la población y la aparición de medicamentos novedosos más caros son factores de peso a la hora de establecer las razones del incremento del gasto, pero también hay que reflexionar sobre las características del mercado español y la falta de efectividad de las políticas de contención del gasto que se han aplicado hasta la fecha”. Entre las medidas de contención examinadas destaca el control de precios, que limita la efectividad del sistema de precios de referencia o la expansión de los medicamentos genéricos, cuya cuota de mercado es todavía muy reducida. Por otra parte, el estudio constata que la autorización de nuevos medicamentos no siempre se realiza con la agilidad deseada: se hace difícil determinar si los nuevos fármacos presentan una mejor relación de coste-efectividad que los ya existentes.
Asimismo, se ha comprobado que el sistema de incentivos no motiva la prescripción ni la distribución bajo criterios de coste-efectividad. Luego, no hay que olvidar que el copago efectivo es de los más reducidos de Europa, lo que podría conducir a los usuarios a un exceso de consumo, conducta que incide directamente sobre el gasto asumido por la Administración Pública. Por último, en el informe se apunta que la vulnerabilidad de la estrategia farmacéutica a cambios políticos merma su continuidad. Y, como consecuencia, se deteriora su estabilidad y eficacia. El Gobierno actual presentó en noviembre de 2004 el Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud Español, con el objetivo de contener el gasto farmacéutico. Al mismo tiempo, suspendió el sistema de precios de referencia vigente. El Gobierno plantea iniciativas positivas e interesantes, como la agilización de la autorización de medicamentos genéricos y la mejora de los sistemas de información. Pero insiste en la reducción de precios como medida básica de contención del gasto. La reducción puede suponer un ahorro con efecto a corto plazo. Sin embargo, afecta negativamente a la capacidad inversora de la industria y limita las posibilidades de competir de los medicamentos genéricos.
Frente a la contención de precios, cuya escasa efectividad ha quedado demostrada en el pasado, el trabajo del Dr. San Miguel sugiere otra opción: “Fomentar una mayor competencia de precios y establecer un sistema de precios de referencia que incluya mayor número de principios activos. Esto permitiría el incremento del uso de los genéricos y la reducción del gasto en el largo plazo. Las medidas deben ser acompañadas de cambios en los incentivos de médicos, distribuidores y consumidores, y que todo ello dé lugar a que la prescripción y el consumo se guíen por principios de coste-efectividad”. La investigación también señala que es necesario considerar el nuevo marco de actuación, causado por la reciente transferencia de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Ahora la presión del gasto farmacéutico se traslada en cierto grado al ámbito autonómico. Las CC.AA. son conscientes de que tendrán que intervenir para controlar el gasto. De no hacerlo, podría tener repercusiones graves en la viabilidad de sus sistemas sanitarios. Por ello, es recomendable que los gobiernos autonómicos utilicen sus competencias para fijar incentivos y políticas de contención del gasto.
No obstante, hay que reconocer que su acción será limitada si ciertas decisiones se toman a nivel nacional. Aunque, por otro lado, parece conveniente la participación del Estado si queremos evitar que la descentralización de la política farmacéutica perjudique a la equidad asistencial. Por último, Fernando San Miguel afirma que “la reducción del gasto como objetivo estratégico no debe comportar que se ponga en riesgo la calidad de la asistencia. Además del gasto, hay que considerar la efectividad de los medicamentos prescritos y su efecto en el bienestar y la salud de los ciudadanos. Dicho de otro modo, cabe pensar en qué medida el gasto en medicamentos puede ser reducido sin que dicho bienestar se vea alterado”.