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“Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Por desgracia, esta frase, pronunciada hace más de una década por una ministra socialista, resume a la percepción el sentir de más de un mandatario sobre cómo gestionar el dinero público, que sí tiene dueño: no es de quien lo administra, sino de todos y cada uno de los contribuyentes.

No se trata de una mera cuestión lingüística, de un frívolo juego de palabras. Por el contrario, deja entrever el escaso o nulo valor que algunos les otorgan a ciudadanos y empresas, que, a menudo con no poco esfuerzo, cumplen con sus obligaciones fiscales. El Gobierno de Navarra ha sido en buena medida fiel, durante la actual legislatura, al espíritu de la cita que abre el artículo. A pesar de haber contado en el trienio 2016-2018 con más recursos, cifrados en más de 1.000 millones de euros adicionales, un hecho en sí mismo muy positivo, ha gastado de manera ineficiente y cortoplacista.

Cuatro años en el Gobierno pueden dar para mucho o para poco, según se mire; y el cuatripartito no ha perdido el tiempo en materia económica. Ha mermado respecto a 2015 las partidas presupuestarias del área de desarrollo económico y ha aumentado otras. Merece la pena destacar que ésta es un área clave para poder potenciar la creación de riqueza y de ingresos para la Administración. Dicho de otro modo: para que haya ingresos suficientes destinados a cubrir las necesidades del resto de departamentos –sanidad, educación, etc.- es necesario que se cree empleo, que a las familias les salgan las cuentas y aumente el consumo y que las compañías aumenten de tamaño y puedan contratar a nuevos empleados. Cualquier administración puede contribuir a lograr estos objetivos a través precisamente de políticas dinamizadoras del desarrollo económico o, por el contrario, puede estigmatizar a las empresas y ponerles zancadillas en vez de potenciarlas.

Una de las zancadillas más sonadas en esta legislatura ha sido la de las sucesivas reformas fiscales, que han deteriorado el marco fiscal de Navarra y la han dejado en la peor posición de las Comunidades Autónomas. El impuesto de sociedades, el IRPF, el impuesto de Patrimonio… no son asunto baladí. Pueden condicionar la diferencia entre que una empresa decida establecerse en Navarra o no; que ciertas inversiones vengan a nuestra región o no; y que algunas empresas y patrimonios particulares decidan irse o no. Ni qué decir tiene que la hasta ahora buena imagen de la que gozaba nuestra tierra se ha visto seriamente dañada por estas políticas. Hace pocos días el INE confirmaba que, entre los factores más desfavorables para las empresas, la fiscalidad ocupa el primer puesto en Navarra, la región con el porcentaje más alto.

El objetivo de las citadas reformas, admitido por el propio Gobierno, ha sido el de aumentar la recaudación. Dicha política se mostraba innecesaria debido la bonanza del ciclo económico en el que ha gobernado, con un impulso que le ha permitido ingresar en las arcas forales casi 600 millones de euros más que en 2015. ¿Por qué entonces “apretar” aún más a los navarros en términos fiscales? Porque, probablemente, el cuatripartito ha asumido el axioma de que cuanto más gasto, mejor. ¡Craso error! No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

Otra zancadilla ha sido el rechazo de infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra por parte de algunos partidos que apoyan al Ejecutivo. Un rechazo que, sumado a la casi nula inversión en carreteras, solo se entiende por razones ideológicas. Oponerse a la posibilidad de tener una Navarra más competitiva, con repercusiones positivas en los ciudadanos, no es fácil de comprender.

En lo que sí ha invertido este Gobierno, y mucho, ha sido en áreas como salud, derechos sociales y educación. Que estos tres departamentos hayan contado con más recursos es, a priori, una buena noticia, que, no obstante, se ha visto empañada por una gestión deficiente, responsable de la caída de la calidad de los servicios. Esta conclusión se deduce de numerosos indicadores, algunos suministrados por el propio Gobierno. ¿De qué les ha valido a los navarros que se hayan invertido 295 millones de euros de más en sanidad si las listas de espera han aumentado? ¿Por qué se han pagado 128 millones de euros más en renta garantizada si no se ha fomentado la empleabilidad de los parados para que puedan incorporarse al mercado laboral y dejar de percibir dicha prestación? ¿Cómo se justifica que el abandono escolar temprano haya aumentado en Navarra a pesar de la mayor inversión en educación?

Vuelvo al argumento inicial: sí, el dinero público tiene dueño. Por ello, cuando conocemos que el Gobierno ha aumentado la deuda por habitante en más de 400 euros deberíamos preocuparnos. Hablamos de nuestro dinero. El aumento de la deuda pública ha dejado las cuentas forales en una posición delicada cuando vengan mal dadas. El cortoplacismo que ha impregnado las decisiones del cuatripartito es preocupante, precisamente porque ya empieza a haber signos de ralentización económica global.

En definitiva, al echar la vista atrás se aprecia cómo estos cuatro años han supuesto una notable oportunidad perdida para Navarra en materia económica al no haber sabido aprovechar el favorable contexto económico para reforzar la posición de la Comunidad Foral. Que el Gobierno administre mal el dinero público no nos sale gratis a los navarros.

Institución Futuro
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