¿Hay que multar a aquellos ciudadanos que hagan mal uso de los servicios públicos?

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BLOG DE INSTITUCIÓN FUTURO

El presidente de la OMC ponía ejemplos como: el caso de los enfermos que no se retiran de la lista de espera una vez son atendidos o la duplican intencionadamente en dos Comunidades Autónomas (para ganar tiempo); aquellos que no recogen las pruebas diagnósticas que se les han practicado; o bien esos pacientes que acuden antes a urgencias que al centro de salud, para cuestiones sin gravedad. Estas cuestiones, sobre las que reconozco que ya había reflexionado con anterioridad, me hicieron replantearme cómo este argumento podría extrapolarse al resto de oferta de servicios públicos y prestaciones sociales.

Quizás el caso sanitario y el educativo sean los servicios con mayor nivel de uso entre los ciudadanos, y por ello cuenten probablemente con mayor nivel de “abuso”. Para el caso de la sanidad valdrían los ejemplos de mal uso expuestos anteriormente, y para el caso de educación destacaría por ejemplo: el falsificar los ingresos en el IRPF para conseguir una beca escolar; el acceder a una plaza universitaria pública y no lograr un aprovechamiento óptimo de las clases (por pasarse jugando al mus la carrera entera o sucedáneos); etc. Pero desde mi punto de vista, y por lo que observo a mi alrededor, son muchos los “abusos” de los ciudadanos sobre los servicios públicos y prestaciones sociales, y yo concuerdo absolutamente que con el presidente de la OMC en la idoneidad de multar por ese uso incorrecto aunque sin olvidar las labores de educación e información.

En España, ya hay ejemplos en otros servicios públicos en que se aplican multas por uso indebido, véanse: el abuso de los sistemas de limpieza municipal (cacas de perro, micciones en la vía pública, etc) o las multas de tráfico por exceso de velocidad o aparcamiento indebido. ¿Y por qué no imponer también multas para los casos de sanidad o educación? ¿Acaso las personas no saben que: comprar recetas con otra tarjeta subvencionada que no es la propia o pedir una beca escolar “trucando” la declaración de la renta el año anterior es fraudulento? ¿Por qué surgen tantas voces críticas entonces cuando se habla de multas sobre este tipo de casos?

Porque el fraude sobre el gasto público también es fraude, tal y exponía en este post antiguo, hay que reflexionar sobre cómo gestionar políticamente ese mal uso de los servicios públicos y prestaciones sociales que hasta ahora están exentos de multas. No me cabe duda que estos comportamientos al margen de la ley se deben principalmente a una falta de honradez conciencia cívica, por lo que serán necesarias labores educativas sobre el buen uso de estos servicios públicos y prestaciones sociales, así como medidas de información sobre su valor social y económico. Pero, desde mi punto de vista, hay que encontrar un equilibrio entre la coacción real basada en multas, y una coacción simbólica basada en mejor información, transparencia y mayor educación. Vosotros qué pensáis: ¿estaríais a favor de implantar multas por el mal servicio de servicios sanitarios o educativos?

Sigamos reflexionando…

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