Los retos tecnológicos de un nuevo gobierno (I)

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BLOG DE INSTITUCIÓN FUTURO

El gráfico de la imagen es el Congreso que sale de las elecciones del 20 de noviembre. Unos resultados que son fruto de un sistema absurdo e injusto que condiciona gravemente la legitimidad de lo que de ellas emerge, pero que a la espera de una profunda y muy necesaria revisión de la ley electoral, son lo que hay.

Congreso 20N

 

Con todo lo absurdo que nos pueda parecer un sistema que entrega una clarísima mayoría absoluta a quien obtiene solo medio millón de votos más que en las elecciones anteriores (que perdió), o que niega el pan, la sal y hasta el grupo parlamentario a quien consigue convencer a más de un millón ciento cuarenta mil españoles, el sistema está vigente en la actualidad, y aunque demandemos su reforma con toda la fuerza que nos dan la evidencias de los datos, hay que acatarlo, aunque exijamos que sea la última vez. La necesidad de una adaptación metodológica de la democracia a una sociedad bidireccional es clara y evidente, tiene el apoyo de más del 70% de los ciudadanos, y ahí queda para su muy necesario desarrollo. Pero el resultado ahora mismo es el que es: un Congreso en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Ni que decir tiene que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y en la parte referente al análisis habitual que se hace en esta página, que es la tecnología y su gestión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el gobierno que surge de las elecciones de ayer?
El primer reto proviene del propio programa electoral del Partido Popular: un programa que presenta internet como algo “que da miedo”: de las menciones del término “internet” en el programa, la mayoría son para temas en los que se reflejan connotaciones negativas. ¿Qué esperar de un partido cuya imagen de la red es la de un sitio en el que hay que “reforzar la seguridad, proteger la privacidad y fortalecer la lucha contra los delitos”? ¿Organizaciones terroristas, nueva delincuencia? ¿Hablamos de la red o de una zona de guerra? La seguridad, siendo importante, no debe ser lo que condicione la evolución de internet desde el punto de vista de un gobierno: si ves la red como un lugar oscuro e inseguro en el que campan malhechores, la solución no es hacer más leyes… la solución es que aprendas a usar mejor la red. La privacidad es, en efecto, un valor que debe ser respetado, pero por favor, mantén las manos del ejecutivo lejos de ahí, porque su actuación, por presuntas buenas intenciones que tenga, es muy probable que haga más daño que bien. ¿Protección de la infancia? Por supuesto, en la red y en todas partes… pero la primera premisa es que los niños deben estar en la red, porque mantenerlos alejados de la misma es una irresponsabilidad enorme e imperdonable, y toda política en ese sentido debe evitar a toda costa la creación de una sensación de alarma e inseguridad. Francamente, la política con respecto a la red que pueda venir de quienes solo ven en ella delitos, terroristas, pederastas y amenazas de todo tipo me da verdadero miedo. De actitudes temerosas y tremendistas como esa surgió la Inquisición española.
Segundo gran reto: sin duda, la propiedad intelectual. El Partido Popular pactó in extremis y de manera vergonzosa la aprobación de la ley Sinde, debido fundamentalmente a la actuación de una persona, Jose María Lassalle. Muchos miembros del partido en diferentes foros se han mostrado en contra de dicha ley, cuya retirada fue reclamada incluso por el pleno del congreso de Nuevas Generaciones el pasado abril. Toca, de manera rápida y urgente, reconocer el error que se cometió y derogar una ley que jamás debió ser aprobada. Además, toca “suprimir el canon digital y sustituirlo por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras”, como reza el programa. De hecho, lo que habría de verdad que hacer, aprovechando la profundísima crisis de legitimidad de las sociedades gestoras de los derechos de autor, es replantear el sistema en su conjunto, siguiendo el dictamen emitido en su momento por la Comisión Nacional de la Competencia, y buscando un sistema que en lugar de restringir los usos, convierta a España en un lugar al que quieran venir todos aquellos que quieran ofrecer la comercialización de obras en todos sus formatos posibles. El copyright debe cambiar y adaptarse, y sobre todo, pasar a servir a los artistas, no a los copistas.

Continúa en Los retos tecnológicos de un nuevo gobierno (II)

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