Administración pública: déficit económico y de resultados

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La crisis económica está poniendo de manifiesto la gravedad de los problemas en la administración pública. El sector público, entendido como la administración central, autonómica, local y de la seguridad social ha ingresado en 2010 lo mismo que hace cinco años y ha gastado un 37 por ciento más. Así que mientras la recaudación ha sufrido un notable deterioro, los gastos continúan aumentando. Es un balance desolador e imposible de sostener.
Además frente a las llamadas a la racionalización y el ajuste, se constata la presión permanente que sufren los responsables políticos para realizar ofertas más amplias y generosas en una cadena que parece no tener fin. Da lo mismo si hablamos de carreteras, polideportivos, trenes de alta velocidad o servicios de bienestar. El resultado es un crecimiento exuberante de programas poco meditados que se ponen en marcha para satisfacer la presión de un grupo reducido de ciudadanos, por agravios o imitación o simplemente para atender el clientelismo político. Muchos son proyectos frágiles, con desconocimiento de las cargas financieras y económicas que comprometen a largo plazo, basados en cálculos de rendimiento electoral y no en evaluaciones que mejoran los servicios, crean valor o ayudan a la redistribución de oportunidades.
Además el déficit no sólo es económico, esa brecha enorme entre ingresos y gastos, sino que también se está produciendo un déficit de resultados. Por ello, todo apunta a que hay que situar con urgencia en el centro del debate qué está haciendo el sector público y cómo lo está haciendo. La celebración de las próximas elecciones es un buen momento para discutir sobre acciones concretas y para proponer mecanismos que permitan racionalizar la cartera de actividades que promueve la administración y mejorar su funcionamiento.
Recientemente el responsable de formación de los empleados públicos del Gobierno de Navarra, J. Menéndez, en una entrevista en este periódico, comentaba la importancia de mejorar la capacidad de dirección en la administración foral dando más competencias, autonomía y capacidad de decisión a los equipos directivos; proponía favorecer que hubiera menos cargos y con más Responsabilidad en la toma de decisiones.
Muchas iniciativas pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público y no todo se arregla con recortes indiscriminados de salarios que constituyen una terapia de urgencia pero queno afrontan enserio las cuestiones básicas que atenazan el funcionamiento de muchos servicios públicos. Resulta clave discutir qué hay que hacer, en qué campos debe intervenir la administración y a través de qué instrumentos y sistemas debe actuar. Hay muchos temas en la agenda de la reforma, dejemos a modo de ejemplo algunas cuestiones abiertas con la esperanza de que el debate político, ahora que se acercan las elecciones, ayude a ofrecer respuestas.
¿Cabe racionalizar los horarios de la administración pensando en la mejora de la prestación de servicios al ciudadano? ¿Es revisable el mapa municipal de nuestra comunidad con unos gobiernos locales con un tamaño insuficiente para prestar unos servicios de calidad a los ciudadanos? ¿Cómo podemos dotar a la administración Navarra de unos gestores profesionales y con responsabilidad directiva? ¿Hay un buen diseño de carrera profesional en la administración o la promoción está al albur del clientelismo político? ¿Cuándo se van a evaluar los beneficios y costes, tanto económicos como sociales, de todos los programas que se implementan? ¿Cuándo se van a suprimir programas que no mejoran servicios, ni crean valor a los ciudadanos, ni redistribuyen la riqueza? ¿En qué condiciones se puede separar la financiación de la provisión de los servicios?
Todas estas y muchas más son preguntas valiosas para argumentar sobre las razones que amenazan con ampliar el déficit económico y de resultados en los que está inmersa la administración. No afrontarlas es una grave irresponsabilidad. Hay mucho más riesgo en el inmovilismo de no hacer nada por evitar conflictos y tensiones con colectivos poderosos, que en asumir iniciativas honestas que tengan como objetivo hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos.

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