Mercado laboral y reforma de la empresa (II)

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BLOG DE INSTITUCIÓN FUTURO

Por Emilio Huerta es catedrático de la Universidad Pública de Navarra y Vicente Salas, catedrático de la Universidad de Zaragoza.

Los críticos de la reforma laboral en España, y entre ellos de modo especial los sindicatos, dan por supuesto que cualquier iniciativa que otorgue más poder de decisión discrecional al empresario será lesiva para los intereses de los trabajadores.

(...)

Consciente de esta realidad, el legislador ha tratado de limitar ese poder del empresario remitiendo a un tercero, el juez, la decisión sobre qué hacer en caso de no llegar a un acuerdo en la negociación dentro de la empresa. El problema está en que el juez desconocerá muchos aspectos de la empresa; y hasta que llegue a comprenderlos la decisión se retrasa, perdiéndose buena parte de las ventajas de la deseada flexibilidad. Idealmente, la limitación de la autoridad por el empresario cuando decide qué hacer si no hay acuerdo con los trabajadores, debería surgir de su propia iniciativa, ajustándose a las condiciones de cada empresa. Que eso ocurra no es impensable, y no por razones de altruismo o generosidad sino porque, en un entorno dinámico, renunciar hoy al ejercicio de la autoridad y a sus beneficios inmediatos, es una estrategia inteligente para conseguir mayores beneficios en el futuro a través de una mayor implicación de los trabajadores con la empresa. Por eso las iniciativas a considerar para facilitar la colaboración sindical en la empresa pasan no por debilitar sino por fortalecer la posición de los trabajadores.

Avanzar en la reforma laboral en España significa, por tanto, desarrollar mecanismos para la relación entre trabajadores y empresarios que equilibren las relaciones de poder entre ambos y gestionen mejor los intereses en conflicto. Hay experiencias internacionales interesantes. El modelo de "capitalismo compartido" ampliamente extendido entre las empresas de países como Suecia, Alemania, Japón y Estados Unidos, se ha construido sobre la base de la transparencia y participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa y vincular una parte de su retribución a los beneficios de la misma. El capitalismo compartido combina una cesión de poder de los empresarios hacia los trabajadores en la empresa, con la participación de todos en las decisiones y en sus resultados. Esta cesión limita los riesgos de un mal resultado en la negociación para los trabajadores; con la participación en las decisiones se aprovechan las competencias y capacidades y se acelera la respuesta ante los cambios. La participación en los beneficios refuerza la corresponsabilidad y el compromiso con la organización.

La penetración del capitalismo compartido en España requiere enriquecer la agenda de la negociación colectiva incorporando nuevas dimensiones al debate tradicional de salarios y reducción de jornada laboral. También ayudaría que desde el Gobierno se implantaran estímulos fiscales premiando a aquellas empresas que pongan en marcha sistemas de participación en beneficios para sus trabajadores. La participación en beneficios solo es viable desde la transparencia y la fiabilidad de las cuentas de resultados de las empresas y la transparencia es, por sí misma, un gran paso en la dirección adecuada.

En suma, el cambio de modelo productivo no es solo una cuestión de qué sectores productivos deben potenciarse como motores del crecimiento. Es preciso, además, avanzar hacia nuevas formas de organizar la producción y el trabajo que potencien la inversión en capital humano y permitan aprovechar el talento de todos los trabajadores. La posición del empresario se debe reforzar reconociéndole capacidad de decisión cuando está más informado y asume los riesgos de la actividad emprendedora. Pero está en el interés del propio empresario crear un marco de relaciones laborales que autolimite el ejercicio de ese poder para reforzar la confianza de los trabajadores. El empresario se beneficia con la liberalización del mercado laboral y por ello es razonable pedirle que dé los primeros pasos para convencer a la sociedad de que el ejercicio de esa autoridad redundará en beneficio para todos.

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